Aldo Anfossi, corresponsal
Santiago. El escándalo por las reducciones de penas a condenados en Chile por delitos sexuales contra menores de edad, dadas en los últimos seis meses por el gobierno de José Antonio Kast, lejos de amainar, empeora y acentúa la debilidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, autor y responsable político de los perdonazos.
Un informe publicado este martes por la emisora biobiochile.cl, dijo que los 56 violadores y/o abusadores que obtuvieron rebajas desde marzo mediante decretos ejecutivos, todos están en libertad y que ninguna de sus víctimas o familiares fueron notificadas de aquello.
También reportó que “informes de Gendarmería advierten alto riesgo de reincidencia, negación del delito y falta de empatía en varios de ellos”, y que buena parte de ellos se trata de “pederastas con alto peligro de reincidencia, con rasgos de “frialdad” y sin remordimiento por los ilícitos cometidos ni empatía con sus víctimas”.
Además de Rabat, que firmó 22 perdonazos, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, facilitó 10, mientras que el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, cedió uno.
Rabat defiende lo actuado en una supuesta “doctrina” o jurisprudencia de la Corte Suprema acogiendo recursos de amparo de los presidiarios, a quienes se les negó beneficios carcelarios, pero la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chévesich, refutó aquello señalando que el ministro de Justicia no estaba obligado a acatarlo.
La destitución de Rabat es exigida incluso por parlamentarios afines a Kast, con argumentos del tipo “va a arrastrar a todo nuestro sector a un problema que se va a alargar”, “la magnitud del error es tal que el ministro no debiese seguir, ojalá que él pueda renunciar para hacerle la vida más fácil al sector y al Presidente”, y porque la ignominia toca “al corazón de lo que es nuestro sector, de darle duro a los delincuentes y ser firmes, afecta lo que somos y la agenda con la cual fuimos electos”.
Mientras que desde la oposición centroizquierdista se puso en marcha el proceso para acusar constitucionalmente a Rabat, destituirlo e inhibirlo del ejercicio de cargos públicos.
