Pachuca, Hgo. Al considerar que el ex gobernador Francisco Olvera entregó notarías públicas al ex procurador Alejandro Straffon Ortiz, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, Juan Menes Llaguno, a pesar de que no cumplieron con los requisitos que establece la ley de notariado vigente en la entidad, el abogado Alejandro Gálvez Bautista promovió un juicio amparo ante la justicia federal contra la entrega de las patentes en favor de estos funcionarios públicos.
Esto al considerar que el ex gobernador lo marginó de presentar el examen para la obtención de una patente para operar una notaría pese a que cumplía con todos los requisitos legales.
El juicio de amparo foliado con el número 004086/2016 -cuya copia obra en poder de este diario- fue interpuesto por Alejandro Gálvez el pasado 19 de septiembre ante el Juzgado cuarto de distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Pachuca, Hidalgo.
En entrevista, Gálvez explicó que el pasado 8 de agosto envió un oficio al entonces secretario de Gobierno, Salvador Elguero Molina, en el que se le solicitaba fuera inscrito en la lista de ponentes del examen correspondiente para obtener una patente de notario público toda vez que cumplía con todos los requisitos que marca ley.
Para probarlo, Gálvez adjunto a la solicitud copias de todos los documentos académicos y laborales que acreditaba que tenía los estudios y experiencia necesarios.
“Pedí que se hiciera un examen por mediode una solicitud dentro de los términos que marca la ley para la entrega de esas notarías, pero quienes estaban en el gobierno estatal en aquel entonces no me hicieron caso”, agregó Gálvez.
Explicó que el artículo 26 de la Ley del Notariado del Estado de Hidalgo establece que quien pretenda sustentar un examen para lograr una patente para una notaría el aspirante debe entregar una solicitud a la Secretaría de Gobierno de la entidad, acompañada con todos los documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 “lo cual cumplí cabalmente “ dijo Gálvez.
“Sin embargo, el entonces Secretario de Gobierno Salvador Elguero Molina no me contestó nada”. Días después, el entonces gobernador Francisco Olvera, por medio del periódico oficial dio a conocer la entrega de las notarías a Straffon y a Menes Llaguno, “al igual que a otros funcionarios y allegados al ex gobernador”.
Por otra parte, Gálvez agregó que en el artículo 24 de la Ley del Notariado del Estado de Hidalgo se enumeran los requisitos que deben cumplirse para poder hacer el examen para tener una notaría entre los que destacan tener al menos 25 años de edad, título de licenciado en derecho registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tener al menos cinco años de ejercicio profesional y haber cursado y aprobado la materia de derecho notarial en instituciones universitarias debidamente reconocidas o en el Colegio de Notarios.
También contar con práctica notarial ininterrumpida por dos años bajo la dirección de un notario público.
“No sé si cumplieron con todos los requisitos”, dijo Gálvez, “pero es obvio que Straffon desempeñó el cargo de fiscal desde 2011 hasta septiembre de este año, prácticamente durante todo el periodo de gobierno de Olvera y que Menes Llaguno ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia desde abril de 2014. No hay noticias que hayan trabajado como asistentes o practicantes en alguna notaría para cumplir con este último requisito”.
Agregó que entre otras cosas, en el juicio de amparo que inició “se enmarca la inconstitucionalidad de la Ley del Notariado del Estado de Hidalgo porque no hay derecho de igualdad, porque permite que haya discriminación contra ciudadanos que buscamos la entrega de una patente de notaría porque no hay trabas ni límites para funcionarios públicos que tienen conflictos de interés y los cuales gozan de preferencia para que se les sean entregadas las notarías”.
Otro punto que se está impugnando en el amparo fueron diversas anomalías en la publicación de la convocatoria que se hizo para la solicitud de patentes.
En el documento se explica que de acuerdo con las normas que rigen al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, hay tres tipos de categorías de publicación de ese medio informativo.
Las tres categorías son: publicación “ordinaria”, que es la normal, que aparece cada semana en un día a la semana determinado; las otras dos son Alcance y Bis, ambas gacetillas publicadas de carácter extraordinario y que son editadas para dar a conocer determinaciones o informaciones gubernamentales de urgencia, imprevistas.
En el caso de la convocatoria, fechas y lugares para la realización de exámenes y entrega de notarías “debieron publicarse en las ediciones ordinarias y no en Alcances o Bis, como se hizo, hecho por el cual se viola el principio de la debida publicidad”.
Además “se publicaron en medios de comunicación de baja circulación y no en los diarios de más importancia y cobertura como lo marca la ley”.
Pese a que el juicio de amparo sigue en proceso, el juzgado cuarto de distrito negó a decretar la suspensión de las notarías bajo el argumento de que -según Gálvez- “ya se habían dado las patentes y no era posible reparar ese acto”.
“El juez nos explicó que de impedir que los notarios entren en funciones se violentaría el orden público.”
Por ello, Gálvez y los abogados de su bufete jurídico interpondrán otro recurso legal para buscar la suspensión de las patentes hasta que termine el juicio.
En tanto, dijo que “lamentablemente estos ex funcionarios que recibieron las patentes pueden laborar como notarios hasta que haya una resolución final a nuestro amparo”.
Alejandro Gálvez es licenciado en derecho civil por la Universidad La Salle; tiene una maestría en derecho procesal constitucional por la Universidad Panamericana, así como un doctorado en derecho en esa misma institución. Trabajó en notarias públicas desde sus años como estudiante universitario. Ha tomado cursos en materia de notariado público.
