Jorge Torres
El 29 de abril de 2011 fue la última vez que Alicia vio a su esposo Miguel Ángel Martínez Caballero, desde entonces comenzó su calvario en la búsqueda de su marido, donde se encontró con la insensibilidad de las autoridades, la falta de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado e incluso fue amenazada para que “ya le bajara”. Hasta la fecha su caso no ha pasado de la pesquisa inicial e inclusive está en el olvido.
Entre lágrimas, las cuales denotan el sufrimiento que ha pasado, no sólo por la pérdida de su esposo, sino también por la indiferencia de las autoridades de la administración de Fernando Toranzo Fernández, relató que Miguel Ángel salió a trabajar rumbo a la ciudad de Querétaro, ya que es ingeniero de ventas de equipo eléctrico, por lo cual este viaje era para visitar empresas y tener una reunión junta con algunos jefes de su empresa. “Ese fue el último día que lo vi, poco antes de las 11 de la mañana, ya por la noche le estuve marcando porque se me hizo raro que no me hubiera hablado, pues siempre estábamos en comunicación, sobre todo por un hijo que teníamos enfermo. Le estuve marque y marque y nada”.
Ese mismo día le hablaron de la empresa donde trabajaba su marido y le dijeron que no había llegado a Querétaro, volvió a marcarle, pero nada, por ello el día primero de mayo acudió a la Procuraduría a poner su denuncia por la desaparición de su esposo, inmediatamente se encontró con la insensibilidad del personal, el cual le dijo que no habían pasado 72 horas desde que desaparición; a pesar de esto le tomaron su denuncia. Días después la empresa donde trabajaba su esposo le proporcionó el registro de llamadas, pues después usaron su teléfono, funcionó todavía hasta el 2 de mayo, “esos mismos días me llegaron estados de cuenta de los movimientos que hicieron con sus tarjetas”. A pesar de que toda esa información la llevó a la Procuraduría, no le hicieron caso.
“No pero usted no puede hacer nada, eso lo hace la Procuraduría”, le dijeron en la dependencia, pero no hicieron nada, esa misma semana le hablaron para amenazarla, para que ya no anduviera “haciendo relajo” y que si le interesaba su integridad que se calmara. “Fui y puse mi denuncia, también acudí a la Policía Federal; ahí me atendieron bien. También me comuniqué con los soldados. Yo creo sabían de todos los movimientos que había hecho y por eso me hablaron para amedrentarme”. En ese mismo mes apareció el vehículo en donde su esposo iba, apareció aquí en la ciudad, todo indicaba que había pasado aquí algo, pero tampoco se hizo anda, “tuvieron muchas oportunidades de seguir una línea de investigación y no siguieron nada, lamentablemente quedó como pesquisa porque no subió a averiguación previa”
Tal fue la desesperación que acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde la canalizaron al entonces Centro de Atención a Víctimas del Delito, y en ese tiempo su titular, Martha Orta Rodríguez, le dijo que este caso, por ser de alto impacto, no le correspondía a la dependencia, “que me fuera a la Procuraduría General de la República”, donde le dijeron que no podían hacer nada porque era un asunto local. A pesar de ello subieron la información en la página de personas desparecidas de la PGR.
“Viendo uno esto se desespera, el último movimiento que hicieron fue en 2013 y a partir de ese año no se hizo nada, me hablaron de un número desconocido para decirme que lo habían matado, que lo habían ido a tirar en la presa de San José, yo le dije a la autoridad, y nadie ha hecho caso”, señaló Alicia; dijo que gracias a la asociación Fe y Esperanza, ahora apenas se está volviendo a reactivar el caso, por lo cual espera que las autoridades actuales le ayuden a por lo menos saber qué pasó con su esposo.
