Israel López Monsivais
La reciente aprobación del presupuesto de egresos 2017 en la entidad de SLP fue una muestra de insensibilidad del Ejecutivo con la iniciativa e incongruencia de los legisladores locales con su anuencia. Dispendio del erario, ausencia de transparencia en su ejercicio e incrementos presupuestales en distintas dependencias sin justificación.
Estratosféricos salarios del gabinete, legisladores (cada diputado recibirá más de tres millones de pesos), integrantes del Poder Judicial (principalmente magistrados, consejeros y jueces) y titulares de los organismos autónomos (CEGAIP, CEDH, etcétera). El monto del presupuesto del gobierno estatal para el ejercicio fiscal 2017 será de 41, 580 millones de pesos.
Es interesante examinar las circunstancias y la cronología de los temas presupuestales. Los legisladores determinaron desahogar el tema en dos sesiones el pasado 15 de diciembre –ultimo día del periodo ordinario–. La sesión ordinaria 51 dio inicio a las 10 horas. Es oportuno mencionar que aquí se aprobó el presupuesto de egresos sin discusión parlamentaria.
José Luis Ugalde Montes, secretario de Finanzas del estado, fue el operador político para sacar avante el tema. Con 26 votos a favor y uno en contra se observa la inexistencia de una oposición responsable en SLP. Juan Manuel Carreras López, gobernador constitucional, ha logrado por segundo año consecutivo concretar los presupuestos sin cuestionamientos.
La gaceta parlamentaria incluía iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo en más de tres mil hojas. Publicada 48 horas previas a la sesión como lo indica la normativa correspondiente. Imposible un estudio a fondo de los diputados locales. Por el desaseo legislativo el próximo año los potosinos pagarán incrementos en los derechos ya existentes y de nueva creación.
En relación con la segunda sesión ordinaria número 52 a las 23:30 horas se votó la negativa al alza catastral de la capital y servicio del agua. Es natural el enfado del presidente municipal de SLP. Ricardo Gallardo Juárez llegó al extremo de llamar huevones zánganos a los diputados que rechazaron su propuesta de incrementos.
De inicio la modificación a los valores catastrales estaba mal planteada. El edil pretendía un aumento de 10 por ciento en las zonas de mayor plusvalía inmobiliaria en la capital (coincidentemente el séptimo distrito local donde se ubican mayormente sus opositores). La ley indica que las contribuciones se pagan de forma proporcional y equitativa a la riqueza.
En todo caso violaba los principios constitucionales tributarios –artículo 31 fracción IV de la Carta Magna–. Entiendo que el ayuntamiento de SLP requiera una reingeniería financiera por el endeudamiento. Sin embargo, no se la pueden cargar al contribuyente. Por otro lado, si Gallardo Juárez no gasta en publicidad, elimina conciertos y terminan las dádivas corporativas tendrá ahorros.
Otra lectura política sobre esta votación es que los partidos tradicionales (PRIAN) ya se dieron cuenta que deben parar el crecimiento de la gallardía. Por lo tanto, decidieron cerrarle la llave presupuestal. Entonces resulta un contrasentido que los legisladores locales frenen los incrementos pretendidos por el ayuntamiento capitalino pero ellos se aprueban sus altos salarios y prestaciones.
Un apunte final. Reprobables las represalias del Congreso local a la asociación civil Renace al reducirle el subsidio. Con clara dedicatoria a José Mario de la Garza, presidente del patronato. Crítico de la función legislativa e impulsor de la iniciativa Congreso Calificador. Así lo denunció en su columna dominical en el periódico Pulso (http://pulsoslp.com.mx/opinion/el-dinero-y-la-dignidad/).
Estimado lector: El Aguijón se tomara unos días de vacaciones, por lo que nos leeremos hasta el próximo año.
¡Felices fiestas!
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