Jaime Nava
El anuncio del retiro de la inversión de mil 600 millones de dólares que realizaría la empresa Ford Motor Company en San Luis Potosí sorprendió al mundo la mañana de este martes y sus efectos tuvieron impacto no sólo en el estado sino en redes sociales y los mercados, provocando, entre otras cosas, la caída del peso mexicano frente al dólar. Además los organismos empresariales consideraron la noticia como un duro golpe a la economía de los potosinos.
En abril de 2016 la administración estatal anunció que la armadora de vehículos instalaría una planta en San Luis Potosí con una inversión de mil 600 millones de dólares. En ese momento también se reveló que el gobierno aportaría mil 27 millones de pesos además de distintas exenciones fiscales como incentivo y la compra de un terreno de 220 hectáreas con valor de 400 millones de pesos que sería regalado por el estado a Ford.
Al respecto, el notario y analista político, Eduardo Martínez Benavente, consideró que el convenio firmado por la administración de Carreras con la empresa trasnacional “se firmó de rodillas” y es leonino al garantizar una lista importante de prerrogativas sin contemplar sanciones en caso de incumplimiento de alguna de las partes, lo cual haría difícil exigir su cumplimiento toda vez que el propio estado no ha publicado íntegramente el convenio junto a todos sus anexos en el Periódico Oficial como se lo ordena la Constitución.
Entre los incentivos que el gobierno estatal le había garantizado a la armadora de vehículos se encontraban: la concesión de un pozo con capacidad para suministrar un millón de metros cúbicos anuales de agua, servicio de descarga de agua tratada con capacidad hasta un gasto de 72.5 litros por segundo; una línea de 40 MW “alimentadas por dos subestaciones” y 30 MW para el “proceso productivo”; además del abastecimiento de gas natural “a través de cualquiera de los distribuidores locales autorizados, para un consumo hasta de 600,000 (seiscientos mil) giga Jules por año”, todo lo anterior “a cargo y costo” del gobierno del estado.
En referencia a los incentivos pactados, Martínez Benavente sostuvo que “ni el peor usurero del mundo se atrevería a presentar un proyecto como ese que el gobierno de Carreras firmó tan dócilmente y por el que ahora estamos sufriendo las consecuencias”, y comentó que quien debe estar contento es el secretario de Finanzas, José Luis Ugalde, porque era un compromiso enorme en el que no había presupuesto destinado para cumplir con las obligaciones y los recursos se estaban manejando a través de un fideicomiso oscuro.
“La compra de terreno fue en abonos (100 millones en mayo, 100 millones en junio y 200 millones restantes antes del 31 de diciembre) y la están pagando a un grupo de especuladores de terrenos”; asimismo aseveró que no se atrevieron a cobrar a los propietarios de predios aledaños a las armadoras la plusvalía que por ley le corresponde al estado; sin embargo, calificó como un “golpe durísimo” la cancelación del convenio porque se pone fin al trabajo de todas las pequeñas o medianas empresas que iban a proporcionar servicios como proveedoras de bienes para la armadora.
Finalmente, dijo, quien debería reaccionar pronto es el gobierno federal, pues si bien algunas afectaciones son para San Luis Potosí, la decisión tomada por Ford a raíz de las presiones generadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, golpea al país. “Ford creo que nunca ha mencionado el nombre del estado, se refieren a México”.
