Angélica Campillo
Comuneros del ejido Guadalupe Victoria y su anexo la Cruz se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir que se lleve a cabo un juicio político contra el presidente municipal de Mexquitic de Carmona, Juan Antonio Ramírez Llanas; la secretaria del ayuntamiento, María Paulina Aguilar García, y el director de Catastro, Macario Salazar García, por encontrarse coludidos con empresas inmobiliarias para intentar despojar a la comunidad de sus tierras.
Este jueves, cientos de comuneros se colocaron a las afueras del Congreso del Estado para exigir que se inicie un juicio político contra algunos funcionarios del ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, incluido el alcalde, pues señalaron que, a pesar de la aparente disposición al diálogo de parte de las autoridades municipales, así como la firma de los mismos en las minutas del 22 y 29 de enero, 5 de febrero y 9 y 15 de marzo, con diversos acuerdos como realizar una calendarización de pago y entrega de empadronamiento de los predios ubicados en el área comunal El Caolín, las autoridades denunciadas han pactado con los grupos inmobiliarios para mantener las invasiones.
En el documento, dirigido a las comisiones de Gobernación y Justicia del Congreso del Estado, los comuneros denuncian la autorización de uso de licencias uso de suelo y factibilidad del uso del agua de la capital de San Luis Potosí, en lo que se encuentra involucrado Interapas.
“Las autoridades que denunciamos desconocen a Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz, y pretenden exterminar nuestra área comunal, han coartado cualquier tipo de reconocimiento legal a nuestro territorio, no obstante de que en su momento nos reconocieron y celebraron acuerdos para beneficio del poblado”, criticó Francisco Blanco García, secretario del Comisariado Ejidal.
Asimismo, hicieron entrega del audio de una reunión donde los abogados de las empresas instruyen al ayuntamiento de Mexquitic cómo obstruir a los comuneros, provocarlos, “torearlos” e imponer los fraccionamientos. Agregaron que esa grabación ya se encuentra en manos del gobernador Juan Manuel Carreras López, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque, “como respuesta, funcionarios de gobierno, coludidos con los Torres Corzo, desaparecieron la grabación y tratan de desmantelar el movimiento”.
El asesor legal de la comunidad, Carlos Covarrubias Rendón, aseveró que el ayuntamiento de Mexquitic ha generado autorizaciones en contraposición a lo establecido por la suspensión del amparo 1390/2016 ante el juzgado segundo de distrito, y además obstruir los trámites acordados de empadronamiento, generando un escenario de conflicto que ha crecido de manera exponencial.
Señaló que entre los apoderados de las inmobiliarias Caletto y Habi destaca el despacho de Manuel Arredondo Castillo, quien realiza la asesoría formal de los negocios de Ignacio Martín Alba y Miguel Torres Corzo, involucrados también con Francisco de la Rosa, y conjuntamente estas personas han acordado la presentación de pruebas diversas tendientes a establecer la inexistencia del área comunal.
El presidente del Comisariado Ejidal, Gabino Quistiano Hernández, mencionó que tienen pruebas de que, por órdenes del presidente municipal, se tramitan documentos oficiales hechos por asesores de un grupo invasor.
De acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y los Municipios de San Luis Potosí, el Congreso del Estado, previo procedimiento, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá revocar definitivamente su mandato conforme a la gravedad de la falta a alguno o algunos de los miembros de un ayuntamiento.
