Angélica Campillo
En sesión extraordinaria, y en medio de protestas, el Poder Legislativo aprobó por mayoría el dictamen referente a la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Fiscalía General del Estado.
Cabe señalar que con dicha modificación a la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público se convertirá en una Fiscalía General del Estado, la cual funcionará como un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y gestión propia.
Para ello, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, propondrá una terna de donde saldrá el fiscal general, que permanecerá siete años en el cargo, sin embargo, no tendrá posibilidad de reelegirse y, además, deberá cumplir los mismos requisitos que la Constitución señala para ser magistrado.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el ahora procurador del Estado, Federico Garza Herrera, podrá ser propuesto por el gobernador para ocupar el cargo de fiscal general.
El gobernador del estado tiene un plazo de 30 días para presentar la terna para fiscal general del Estado, así como de los fiscales especializados en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y en delitos electorales. Posteriormente se llevará a cabo la elección del fiscal, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión donde se vote dicho punto. Sin embargo, en caso de que en ese periodo no haya aún elección, será el gobernador quien haga el nombramiento entre las propuestas.
Asimismo, se expidió el Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, el cual aglutina y unifica los diversos procedimientos administrativos, abroga la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, e incluye la parte adjetiva de la Ley de Justicia Administrativa, que pasó a ser la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que entrará en vigor el 19 de julio de este año.
El código se divide en tres libros, el primero de ellos contiene las disposiciones generales y las comunes a los diversos procedimientos; el segundo lo concerniente al procedimiento administrativo genérico; y el tercero lo relativo al procedimiento contencioso administrativo en el que como nuevas figuras contiene el juicio en línea, que simplifican los procedimientos, el primero por su cuantía y el segundo por la mayor simplificación y acceso a su tramitación vía Internet a través de la plataforma que para ese efecto implemente el tribunal.
Este código integra el procedimiento administrativo oficioso actualmente previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, al que se ha dado una revisión y depuración. Esa ley queda en consecuencia abrogada.
Finalmente, en el mismo código se regula el procedimiento del juicio administrativo, incluyendo, como ya se señaló, el juicio ordinario y el juicio en línea.
Sin embargo, no se eligió a la terna para la elección de un magistrado supernumerario (a) del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, para el período del 19 de julio del 2017 al 18 de julio de 2027, debido a que ninguno de los aspirantes cumplió con la votación de mayoría calificada, por lo cual se regresó la terna al Poder Ejecutivo, para que vuelva a enviar otra lista de aspirantes.
Por otra parte, en sesión solemne se tomó protesta a magistrada supernumeraria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, para el período del 9 de mayo de 2017 al 23 de abril del 2017, María Manuela Calixto Sánchez, así como a los cinco integrantes del Comité de Selección que le corresponderá nombrar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Ellos son Arturo Antonio Saldívar Gómez, Lorena Villarreal Zárate, Ramón Rodríguez Pecina, Nidia Carolina Rangel Valdivia y Jaime Cantú Sánchez.
