Seis municipios, siete días, nueve asesinatos
Fiscal del estado: la terna probable
Las cifras de la asistencia a Fenapo

La violencia se repartió entre los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza y Xilitla en donde se cometieron nueve asesinatos en los primeros siete días de agosto, según datos de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado que fueron dados a conocer por el subprocurador de Procedimientos Jurisdiccionales, Aarón Edmundo Castro Sánchez.

Hombres, mujeres y jóvenes, nadie parece escapar de la cada día menos sorprendente muerte violenta. El homicidio que inauguró la oleada de agresiones ocurrió en Matehuala, donde un hombre perdió la vida al recibir varios disparos de arma de fuego. A él le siguió el deceso de otra persona por las mismas causas en la capital potosina.

Por número de incidentes, la capital y Soledad de Graciano Sánchez ocupan los primeros lugares de acuerdo con la estadística semanal. El último asesinato registrado se reportó en Xilitla donde una mujer de 44 años murió víctima de varias puñaladas que, aparentemente, le propinó el novio de su hija luego de que ambos sostuvieran una discusión. Por esa razón las investigaciones se conducen bajo el protocolo de feminicidio como lo ordena la ley. La hija alertó a las autoridades acerca de lo sucedido y le atribuyó la comisión del crimen a su novio a quien minutos más tarde detuvieron en una taquería de ese municipio donde se encontraba cenando tranquilamente.

Dentro de lo que cabe, la buena noticia del día es la liberación de un empresario que había sido secuestrado desde hace más de una semana en el municipio de Tamuín. Hasta el momento la PGJE no reveló muchos detalles; sin embargo, se sabe que la persona privada de su libertad es un hombre de aproximadamente 64 años de origen español quien desde hace varios años reside en Ciudad Valles.

A pesar de que los nueve asesinatos hasta ahora son alarmantes y los números parecen indicar que la violencia no tiene fecha de caducidad, las propias estadísticas permiten reconocer que existe una disminución apenas superior al cincuenta por ciento de los delitos en relación con los primeros diez días de junio en los que se contabilizaron 21 homicidios.

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¿Lucy Lastras fiscal del estado? Si los rumores son ciertos, el nombre de la abogada Luz María Lastras Martínez le debe estar quitando el sueño a Federico Garza Herrera. A pocos días de que el Poder Legislativo reanude su periodo de sesiones, se incrementa la presión para que el gobernador, Juan Manuel Carreras, envíe las propuestas de quienes podrían ocupar el cargo como fiscal general del estado y fiscal anticorrupción.

En la terna para la fiscalía estatal podrían competir Luz María Lastras, Federico Garza Herrera y Héctor Vega Robles; este último lleva meses suspirando con la posibilidad de ocupar ese cargo y ha sabido colocarse en los lugares y momentos oportunos para, como se dice, apedrearle el rancho a Garza y esconder la mano.

Para hacer frente a la crisis de seguridad en el estado, se requiere de una persona con carácter para tomar las decisiones y emprender las acciones que Garza Herrera no ha podido y en la que el ejecutivo confíe; no obstante, justo esta última parte le juega a favor y en contra a Lastras y Carreras por la relación de amistad que desde hace años sostienen, lo cual serviría de pretexto para criticar y deslegitimar su designación.

En el caso de la Fiscalía Anticorrupción la situación es igual de compleja. Se sabe que la ex comisionada presidenta de la Cegaip, Yolanda Esperanza Camacho Zapata, planea continuar su carrera dentro de la nómina estatal con ese puesto. Trece años trabajó en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública y durante el periodo la Cegaip obtuvo las peores calificaciones del país.

Si no logró garantizar que en San Luis Potosí se transparentaran correctamente el uso de los recursos públicos, nombrarla fiscal anticorrupción sería un abuso imperdonable.

El nombre de Eduardo Martínez Benavente se escucha tanto para esa posición como para la Auditoría Superior del Estado, pero el notario no levanta la mano.

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El presidente del Patronato de la Feria Nacional Potosina, Rafael Villalobos Márquez, aprovechó el bloqueo que realizaron los taxistas el día de la inauguración para achacarle la culpa por la baja afluencia de personas al tradicional evento.

“Mucha gente que encontró el bloqueo que tenían los taxis seguramente se regresó a sus casas”, dijo Villalobos Márquez. Repartir la culpa es mejor que reconocer las críticas que circulan en redes sociales de ciudadanos cansados de ver cómo cada año se repite y encarece la fórmula gastronómica, comercial y musical.

La suerte estuvo del lado del patronato y gracias a que la presentación de Marco Antonio Solís El Buki fue programada para el domingo pasado en el Teatro del Pueblo, se logró alcanzar una cifra de cien mil visitantes en el primer fin de semana.

Por lo pronto, en la Procuraduría General de Justicia del Estado ya fueron presentadas cuatro denuncias contra quienes resulten responsables por el daño a varios vehículos que se encontraban estacionados en las calles que rodean a la Fenapo. En la PGJE dicen que ya tienen algunos nombres, placas y números de unidades de taxistas posiblemente involucrados.

Tal vez, la paz que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue incapaz de lograr con diálogo, la conseguirán, hasta que termine la feria, con el siempre confiable recurso del expediente penal.

(Redacción: Jaime Nava)

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