Emir Olivares Alonso
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó que es urgente que la Cámara de Diputados apruebe la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en el próximo periodo ordinario de sesiones, y que el gobierno federal acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por el Estado, “como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de nuestro país”.
En un posicionamiento con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas –que se conmemora el 30 de agosto—, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez demandó el establecimiento de una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se derivan del problema de las desapariciones.
Llamó a las autoridades federales y locales a “impulsar aún más las acciones en beneficio de las víctimas de desaparición forzada y de la cometida por particulares, y les hace un respetuoso y enérgico exhorto para que atiendan las 102 propuestas formuladas en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, de esta Comisión Nacional”.
Para la CNDH “la atención del problema no debe agotarse con buenas intenciones; se requiere una política integral con decidida participación de todas las autoridades del Estado en su erradicación, quienes deben analizar el contexto situacional de los aspectos relevantes que permitan identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de dicho delito, a fin de hacerle frente, enfatizando la importancia de escuchar y atender las necesidades de las víctimas y sus familiares”.
El ombudsman nacional y el organismo ratificaron su compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas y subrayaron la importancia de que las autoridades de los tres niveles de gobierno generen condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de ese delito, para hacer efectivos los derechos irrenunciables a la justicia, a la verdad y reparación del daño, así como garantizar su no repetición.
“Para la CNDH, las desapariciones subsisten en el país como consecuencia de la impunidad traducida en la falta de una procuración de justicia pronta y expedita que, lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos”.
Recordó que el 6 de abril la Comisión presentó su informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, donde abordó diversos temas relacionados con investigaciones ministeriales iniciadas a consecuencia de tales delitos y los derechos que la Ley General de Víctimas concede a éstas y sus familiares.
De enero a junio del presente año, la CNDH inició 2 mil 188 folios, proporcionó 4 mil 621 servicios de orientación jurídica, atención psicológica, acompañamiento e información, además de la realización de 49 actos de promoción para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y la distribución de 26 mil 755 materiales alusivos al tema.
