María Elena Yrízar Arias
Desde el 24 de julio pasado, al parecer por pedirle moche de su sueldo mensual a uno de sus asesores personales, la diputada del Congreso de San Luis Potosí del partido de Morena Alejandra Valdés Martínez fue señalada por Jesús Paul Ibarra Collazo, uno de sus ex trabajadores del Congreso del Estado, ante la Fiscalía General del Estado, por exigirle que le entregara de su salario como asesor 23 mil pesos, durante los pasados meses de abril y mayo de 2019, cantidad que tuvo que depositar a la cuenta bancaria de la referida diputada local en partes de 8 mil pesos el 16 de abril, 7 mil pesos el 2 de mayo, 3 mil pesos el 13 de mayo y 5 mil pesos el 16 de mayo.
Ibarra Collazo denunció que la diputada también tiene en la nómina del Congreso cobrando como “asesores legislativos” a su hijastra (hija de su actual pareja) Olivia Zaride Pacheco Ruiz y a su cuñada Salma Zabdi Vargas Hernández. Valdés Martínez, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, tiene un sueldo neto mensual de 104 mil 500, sin embargo, la legisladora cobró a su ex asesor con el argumento de “no alcanzarle los pagos”.
Paul Ibarra se pronunció porque desaparezca la figura del “asesor externo” al que solamente llegan amigos y compadres
Al darse a conocer lo anterior, miembros de la organización civil Ciudadanos Observando, exigieron a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la inmediata dimisión de la diputada Alejandra Valdés, por su presunta responsabilidad en actos de corrupción al exigir los llamados “moches” a sus asesores, además de presunto nepotismo.
El líder de esta organización, José Guadalupe González, indicó que es tiempo de que el presidente de la Jucopo y compañero de partido Edson Quintanar Sánchez, deje de encubrir los presuntos actos de corrupción, ya que él tenía pleno conocimiento de los hechos y nada ha hecho más que encubrir a su compañera.
El activista indicó que es lamentable el ritmo y desfachatez con la cual se siguen manejando los legisladores, principalmente con los sueldos de sus asesores en una nómina altamente abultada, lo cual sigue generando controversias, peor aún que la pasada legislatura. Pidió en una conferencia de prensa que se elimine el 80% de los gastos del Congreso que se les dan como pago a los supuestos asesores por concepto de honorarios. Hizo énfasis en que se estaban gastando un millón 800 mil pesos mensuales en asesores, pero resulta que en la actualidad el Congreso gasta mensualmente tres y medio millones de pesos en 140 personas que cobran por ese concepto.
La pregunta obligada aquí es ¿por qué tanto enojo? La respuesta es muy simple, resulta que la mayoría de esas personas que cobran por ser asesores, no lo son en su mayoría, ya que allí están amigos, familiares de los diputados, compadres, amores, hijos de sus amores, primas, achichincles, compañeros de partidos políticos, recomendados, prestanombres, entre otros, que para la desgracia de la ciudadanía muchos de ellos no saben ni la o por lo redonda sobre materia jurídica y parlamentaria. Muchos de ellos no son abogados, no conocen el derecho y mucho menos conocen la ciencia jurídica. El otro aspecto que más enoja es que son aviadores, o sea, que cobran y ni van ni trabajan, siendo asesores “ninis” ni van ni asesoran, pero bien que cobran. Allí está la desfachatez de estos personajes que les falta vergüenza, pudor, decoro o decencia.
Entendemos que muchos diputados no saben de derecho y es lógico que necesiten asesores, pero tener una recua de asesores que no saben de qué se trata el trabajo del Congreso es un insulto a la ciudadanía. Pero dilapidar dinero en este rubro es un acto que aquí no puedo referir su nombre. Pero son fregaderas.
Posiblemente hoy jueves durante la sesión de Congreso del Estado lleguen algunos representantes de los empresarios potosinos para entregar un pliego petitorio a los legisladores para solicitarles la expulsión del Poder Legislativo de manera permanente de los diputados acusados de actos fuera de ley. También esos mismos empresarios y algunos miembros de la sociedad presentarán la demanda penal en contra de los diputados corruptos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para que los legisladores sean castigados por hechos de corrupción, subrayó el presidente de la Canaco en San Luis Potosí, Alejandro Pérez Rodríguez.
El senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, sobre los anteriores hechos, pide la expulsión de diputados potosinos de ese partido y su dirigente estatal. Díaz Durán condenó los escándalos de los legisladores y la inacción de su líder estatal y pidió que sean llevados antes las máximas instancias del partido. Dijo además que “esos diputados están dando un espectáculo bochornoso y por tanto tienen que ser expulsados”.
Entrevisté al antropólogo Joaquín Muñoz, miembro de Morena, sobre el caso de la diputada Valdés Martínez y su ex asesor Ibarra Collazo y me dijo: “Mire, cuando hay relaciones tan cercanas de tipo laboral, es subrayable que siempre sean los más allegados quienes culpen a sus otrora contratantes. Sé de los abusos de muchos diputados que aprovechan lo arbitrario del uso de sus partidas para pagar a sus ayudantes y cómo a veces les gana la ambición ‘chiquita’’. Probar estas situaciones es difícil y cuando no lo es, tenemos un sistema legislativo y judicial que tiende a taparlo todo… por aquí aún no llegan ni nociones de la 4Transformacion. Lo que sí sé con claridad diáfana, es que un diputado debe legislar y estos señores hasta hoy, se han dedicado a jugar y francamente no se les paga para eso. Sobre todo los legisladores de ‘izquierda’, deberían haber formalizado una agenda de cambios sustantivos a reflejarse en leyes de transformación que reivindiquen el plano social. Sin embargo se han quedado en los intereses ‘pequeños’, no han sabido visualizar su papel histórico y simplemente apuestan por echarlo desde la borda. Eso les hace entrar en fricciones indignas de su cargo y quedarse en la mediocridad de la discusión por hacerse de tres pesos más… es una suerte de ‘chicharroneo’ mezquino de patitas muy cortas”.
Hago la aclaración de que algunos asesores sí están capacitados académicamente hablando y que sí conocen el trabajo legislativo, desafortunadamente son una minoría. Los demás no tienen utilidad, porque algunos no son competentes en materia jurídica y otros solamente cobran sin trabajar o producir algo. Es toda una vergüenza que ya no se puede soportar.
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