Maru Campos, “¿podría?

No queda claro: ¿por qué el condicionante? ¿Podría? ¿Tal vez? ¿En una de ésas? (etcétera, etcétera). La gobernadora gringa de Chihuahua, Maru Campos, violó la soberanía y la Constitución; por el arco del triunfo se pasó la Ley de Seguridad Nacional; al bote de la basura tiró todos los protocolos en la materia; permitió, albergó y protegió a agentes extranjeros (de la CIA, concretamente) para que operen en esa entidad; hizo acuerdos en lo oscurito con un gobierno foráneo (el cual también conoce, puntual y oficialmente, lo que no le está permitido en territorio nacional) y más.

Entonces, si la gringa nacida en Chihuahua cometió todo tipo de delitos, ¿sólo “podría enfrentar juicio político y cárcel de 40 años”?, porque su oscuro proceder no es una hipótesis, sino hecho documentado, ergo, amerita juicio político y prisión, amén de que no amerita ningún tipo de “indulgencia”, porque es obvio que ella, su fiscal general y el personal bajo sus órdenes que participó en este enjuague, todos, estaban conscientes de lo que hacían. Y en esto no hay atenuantes.

La Jornada (Andrea Becerril y Georgina Saldierna) lo reseñó así: “Senadores de Morena advirtieron que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, podría ser sujeta de juicio político, ya que su actuación en el caso de los dos agentes de Estados Unidos que participaron en un operativo contra el narcotráfico en la entidad configura violaciones graves a la Constitución y otras leyes. Magistrado con licencia, el senador Enrique Inzunza comentó que, de la información vertida por la propia gobernadora Campos, el fiscal César Jáuregui y otras autoridades de Chihuahua, ‘se advierte una acción deliberada e intencional para permitir el ingreso a territorio nacional de personal de la CIA, quienes ejercieron facultades que la Constitución confiere en forma exclusiva a las autoridades mexicanas’”. Así, “se configura la violación a la Carta Magna y una responsabilidad que ’puede ser exigida’ mediante juicio político, como se estipula en los artículos 108, 109 y 110 constitucionales, expuso el también presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. ‘Podría dar lugar a la configuración del delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, que se persigue de oficio y cuya sanción es de cinco a 40 años de prisión’”.

¿En serio los senadores de Morena se quedan con el condicionante, el “podría”? Peor aún (aunque de este tipejo ya no sorprende nada): Ricardo Monreal, Lord Enjuagues, se animó a “rechazar la idea de promover juicios políticos y adelantó que buscaría al coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval Flores (su grupo parlamentario solicita al Senado iniciar un procedimiento de juicio político y eventual destitución de la gobernadora chihuahuense por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y actos de traición a la patria) para platicar con él sobre dicho punto; me inclino más por el diálogo, la conciliación. No me gusta la confrontación, sí la conciliación; es tiempo de unidad”. Entonces, para él, qué más da si Maru Campos y su séquito violaron la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, si con ella se puede platicar en lo oscurito y sacar raja. Vergonzoso.

Si de cara dura se trata, qué mejor que la propia terraplanista. En su reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Maru Campos –tras fingir demencia y evadir a la presidenta Claudia Sheinbaum– dijo que “los gobiernos, independientemente de su filiación partidista, deben trabajar juntos por la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana del país, en el marco de la ley y en un ambiente de confianza y coordinación institucional; esta disposición es indeclinable para el gobierno del estado de Chihuahua y así seguirá sucediendo”.

Y tan “indeclinable” es su “integridad soberana”, que “desde 2023 Maru Campos permitió que las agencias de seguridad estadunidenses accedan a la plataforma Centinela, la cual cuenta con 4 mil cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, según consta en un memorando de entendimiento que la mandataria María Eugenia Campos Galván firmó con su homólogo tejano, Greg Abbott. Además, agencias como la FBI o la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado del vecino país, mantienen convenios de capacitación y otras asesorías, firmados directamente con la fiscalía chihuahuense o con la policía del estado” ( La Jornada, Jesús Estrada, corresponsal).

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿“podría”? ¿En serio?

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