Ciudad de México. La aparición del Brexit en el entorno global fue determinante para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) accediera a modificar el calendario para la licitación de la Red Compartida, porque los interesados en participar y las instituciones financieras que los apoyarán tiene que hacer ajustes a sus estimaciones y trámites señaló la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe.
Puntualizó que el Brexit no es un tema de coyuntura como tantos otros, por lo que la SCT decidió concederles más tiempo a las empresas que se han interesado en la Red Compartida. Se trata de un asunto de beneficio público, porque de no haber modificado el calendario la Red se habría encarecido y podría haber disminuido el nivel de cobertura.
“Si no se hubiera ampliado el plazo se habría generado una percepción de riesgo, los participantes nos habrían transferido ese riesgo como costo y eso hubiera bajado el nivel de cobertura”, señaló.
Enfatizó que los últimos grupos, empresas o despachos participantes en las dos últimas rondas de aclaraciones sólo pidieron más tiempo para preparar sus documentos, ajustes con financieros y propuestas. No pidieron incentivos adicionales y no se les concedió modificar el Fondo de Garantía porque es fundamental para que cumplan con las obligaciones de cobertura.
Las modificaciones hechas al calendario de la licitación consisten en trasladar de 1 de agosto al 12 de septiembre la fecha en las que deberán solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones su opinión en materia de competencia económica e influencia.
La presentación de propuestas se pasó del 8 de septiembre al 20 de octubre; y el fallo del 28 de septiembre al 17 de noviembre. La firma del contrato se hará a más tardar el 27 de enero de 2017 o antes si el ganador cumple con los requisitos.
Mónica Aspe aclaró que las fechas de cumplimiento de despliegue y cobertura no cambiaron, ni fue una petición de los interesados, por lo que la Red Compartida empezará a operar en marzo de 2018 con 30 por ciento de cobertura, y al quinto año deberá cubrir a 85 por ciento de la población.
