Ciudad de México. Al celebrar la promulgación de las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, subrayó que a pesar que estas representan un “paso firme” contra la corrupción y la impunidad, reconoció que ninguna ley por sí misma logra la transformación de la realidad. Es necesario, dijo, que la actuación de los funcionarios para instrumentarla.
Durante la ceremonia efectuada en Palacio Nacional, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, con la presencia de los tres poderes de la República, el presidente del Senado de la República, Roberto Gil, subrayó que a pesar de la transición democrática que favoreció la alternancia en el poder, las prácticas de corrupción “se evidenció como el mayor de los problemas y se convirtió en política pública”, donde se patrimonializó individualmente lo que era público.
El senador panista fustigó que las prácticas de corrupción profundizan las desigualdades sociales, en la medida en que reproduce los privilegios de unos cuantos, por lo que pese a los avances del sistema democrático “nos amanecimos con la corrupción instalada en la sala”. Señaló que este fenómeno implica grandes costos económicos para el país e incluso vidas, lo que ha motivado que se convierta en un punto central de la agenda social, la indignación se convirtió en una exigencia y encontró cauce en las instituciones.
Para el legislador, los términos en que se redactaron las leyes secundarias hace una ponderación de derechos en la medida en que logran compagina los derechos de los funcionarios a su privacidad y protección de datos personales y la obligación de rendir cuentas mediante la presentación de sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de interés.
Por su parte, para el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, a pesar de los avances alcanzados con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, este modelo quedó inconcluso, porque no hubo la voluntad política del Congreso para avanzar en la difusión pública de las declaración denominada 3 de 3.
Ante el presidente, Enrique Peña Nieto, recordó haberle enviado su petición para que realizara las observaciones a los artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, para obligar a la difusión de las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés para asegurar transparencia y rendición de cuentas.
Durante su discurso, Saldívar señaló que la promulgación de las leyes implican un compromiso para el Poder Judicial de la Federación contra la corrupción e impunidad, a fin de garantizar la honorabilidad, imparcialdad e independencia en su instrumentación por lo que corresponde al poder judicial.
Se debe además, dijo, maximizar los valores que llevan implícitos para preservar su operatividad, incorporando criterios que abonen a la unidad y coherencia de su instrumentación. La corrupción, dijo, es un fenómeno que debilita las instituciones, exacerba desigualdades e injusticias.
