Jorge Torres
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Vega Arroyo, indicó que no comparte la expresión pública de la autoridad municipal sobre los hechos ocurridos en Ciudad 2000, donde policías dispararon contra jóvenes, hiriendo a uno de ellos, quien sigue convaleciente en el hospital, pues de acuerdo con información preliminar se determinó que los agentes no recibieron un ataque por armas de fuego, la situación era fácilmente controlable, de acuerdo con las técnicas de disuasión que debe tener todo policía, “pero bueno, no me quiero adelantar, lo único que tenemos es que no se justifica el uso de armas de fuego, y menos decir que fue una bala perdida”.
“Hay un protocolo internacional para el uso de las armas de fuego, tiene que haber criterios de racionalidad, proporcionalidad, y de necesidad, sobre todo, pero vamos a esperar los informes, hasta la información preliminar que llevamos determinamos que los policías no recibieron un ataque por armas de fuego, la situación era controlable de acuerdo a los protocolos de actuación, en todo caso si hay responsabilidad de la autoridad lo vamos a señalar, hay un lesionado por arma de fuego, pero vamos a verificar y de manera objetiva si esa arma y disparo provienen de elementos de seguridad municipal”, comentó Vega Arroyo.
En cuanto al caso de los sucesos violentos ocurridos en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, después de un partido entre Atlético San Luis y Necaxa, señaló que ya está por concluir la investigación y se analiza un proyecto de recomendación, donde además se menciona que no se tomaron medidas de prevención y había pocos elementos de seguridad. “La información que tenemos es que hubo disparos de arma de fuego sin cuidar los protocolos correspondientes”, indicó.
Finalmente, resaltó que se tiene que poner especial atención en la capacitación de los elementos policiacos de operatividad, cuando van a trabajar sobre todo con grupos de la población, pues las armas de fuego no se pueden utilizar como medida para disuadir, “nosotros, sobre la base de estos principios, hemos advertido en ambos casos que no había necesidad de hacerlo, la normatividad internacional permite el uso de armas de fuego y uso de la fuerza pública pero tiene que basarse en ciertos principios”, dijo el ombudsman potosino.
