Muchas dudas y pocas respuestas
Jefe de facto en la DGSPM
Bono de riesgo a policías
En el sótano de corrupción en la Auditoría Superior del Estado siempre encuentran la manera de hacerle un lugar a un nuevo escándalo. Desde 172 mil hasta más de 700 mil pesos fueron las liquidaciones que recibieron los funcionarios obligados a renunciar al verse involucrados en el enriquecimiento de diputados a cambio de eliminar observaciones que empleados de menor nivel detectaron en las cuentas públicas de los municipios
Al ex coordinador general de auditorías especiales, Manuel Abraham Reinhardt Guerrero, acusado de ser el intermediario entre la ASE y los legisladores, le entregaron un finiquito de 533 mil 904 pesos, más 117 mil 198 pesos por pago de pensión alimenticia. No fue el único, pero sí el que cobró una cantidad muy por encima al resto de los beneficiados.
Los cheques mediante los cuales se justificó el pago de esas cantidades habrían sido firmados por el ex auditor, José de Jesús Martínez Loredo, el mismo día que presentó su renuncia, y por Gloria Raquel Rivera, coordinadora de Administración y Finanzas; sin embargo, presentan irregularidades detectables a simple vista como el hecho de que las firmas de ambos personajes parezcan distintas al compararlas con documentos signados por ellos meses atrás.
¿Las firmas no coinciden por la premura con la que tuvieron que actuar? ¿Deliberadamente alteraron sus propias firmar para evitar una sanción posterior argumentando una falsificación? ¿Los funcionarios se organizaron para imitar las firmas y regalarse un bono de despido? Demasiadas dudas y pocas respuestas o explicaciones de parte de quienes están al frente de un organismo desviado del objetivo para el que fue creado y convertido en un insalvable dédalo de corrupción.
A Fernando José Barrera Guillén, hermano del todavía diputado Manuel Barrera Guillén, le entregaron un cheque por 275 mil 652 pesos y a otro empleado de nombre José Luis Cortés Tello, por sus seis meses de “arduo” trabajo en la Auditoría le tocó una liquidación de 172 mil 925 pesos. Tres millones de pesos fueron repartidos entre los considerados “daños colaterales” de la corrupción legislativa; es decir, aviadores y recomendados que gozaban de la buena vida hasta que el video donde el ex diputado Enrique Flores Flores explicaba el funcionamiento de la lavandería salió a luz y lo arrastró a la oscuridad política y social.
La información fue dada a conocer por el abogado Juan José Frías Aguilera, quien hace unos años se desempeñaba como coordinador de ejecución de la Auditoría Superior del Estado y quien presentó una denuncia e interpuso un juicio político en contra de Enrique Flores Flores, J. Guadalupe Torres Sánchez, Óscar Bautista Villegas y Manuel Barrera Guillén para que se investigue cuál es el grado de participación de cada uno en la industria del moche audito-legislativo.
Este tema seguramente será abordado por las agrupaciones ciudadanas que se presenten el viernes en el Congreso del Estado para vigilar que los diputados eliminen el fuero; aunque, con lo que no cuentan es que esa aprobación será el pretexto que esgrimirán los legisladores con licencia para regresar a sus curules.
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Con todo y que los niveles de inseguridad se incrementan a velocidades nunca antes vistas, al alcalde de San Luis Potosí parece no importarle que desde hace cuatro meses en la capital nadie ocupe la Dirección General de Seguridad Pública Municipal que dejó Antonio Garza.
Al interior de la administración municipal se comenta que, tras la salida de Antonio Garza, su lugar ha sido ocupado, de facto, por Leobardo Aguilar Orihuela, director de la policía vial, quien antes de venir a trabajar a San Luis Potosí se desempeñaba como director administrativo del penal de Ocampo, Guanajuato, donde estuvo preso Ricardo Gallardo Cardona.
Como en las sumas y restas políticas concretar el nombramiento de Aguilar Orihuela afecta más de lo que beneficia, las DGSPM se ha mantenido acéfala, con todo y lo que eso implica en materia de seguridad.
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El gobierno del estado anunció que el próximo lunes otorgarán un “bono de riesgo operativo” a tres mil 300 agentes de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y la Policía Ministerial. Aún no se sabe cuánto recibirán cada uno de los policías, no obstante, Juan Manuel Carreras López se comprometió a repetir la entrega de este tipo de estímulos cada año hasta que termine su mandato.
(Redacción: Jaime Nava)
