Mario Patrón
A inicios de este mes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó una nueva recomendación respecto del caso Ayotzinapa (208VG/2026). Muy lejos de abonar a las causas pendientes para el avance del caso, como lo es la información resguardada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la recomendación configura un espaldarazo al oficialismo, criticando el accionar de las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que han sido fundamentales en la investigación y acompañamiento del caso, a la vez que libera al Ejército de su responsabilidad. Con esto, la CNDH otra vez da un paso atrás en la efectiva defensa de los derechos humanos.
Este tipo de acciones de la CNDH se inscriben en un patrón de comportamiento que en los últimos años ha deshabilitado su autoridad moral y el cumplimiento de su función de contrapeso político en favor de los derechos humanos, función que es esencial en su razón de ser. Especialmente cuando se trata de violaciones que involucran a las fuerzas armadas o relacionadas con el proceso de militarización de la vida pública del país, la CNDH ha tomado una preocupante distancia de los principios de derechos humanos que deberían regir su accionar.
En el diseño de un estado de derecho, los organismos constitucionales autónomos están destinados a cumplir un papel fundamental en la consolidación y fortalecimiento de la democracia a través del ejercicio de sus atribuciones para vigilar el correcto funcionamiento de las instituciones. Su autonomía, por ende, es condición indispensable para el equilibrio de los poderes políticos y garantizar la calidad democrática. Aun si en los últimos años la CNDH ha legitimado de manera sostenida al partido en el poder, su función constitucional impide normalizar este tipo de acciones reiteradas en las que el ombudsperson da la espalda a la ciudadanía y respalda al poder militar.
Por todo ello, leer con detenimiento las páginas que conforman la reciente recomendación provoca indignación no sólo porque legitima la narrativa oficial, sino porque descalifica irresponsablemente las afirmaciones que han sido construidas cuidadosamente entre diversos actores civiles y públicos nacionales e internacionales que han significado avances sustanciales en el esclarecimiento de los hechos, especialmente en lo que atañe a la responsabilidad de las fuerzas armadas.
Por mencionar algunas, la recomendación desestima elementos claves como la infiltración del Ejército en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, la presencia de elementos militares que atestiguaron por lo menos parte de los hechos de agresión a los estudiantes, el entorno de macrocriminalidad presente en la región y el papel de las fuerzas armadas frente a él; así como la detención de por lo menos 17 militares relacionados con el caso, las pruebas de tortura y de tantas otras violaciones al debido proceso y malas prácticas en las diligencias oficiales, que en su momento fueron cimiento de la desmentida verdad histórica y de la conveniente opacidad de las fuerzas armadas que ha impedido el avance de las investigaciones al negarse a transparentar folios oficiales.
Además de las anteriores omisiones, la CNDH ha decidido ahora deslegitimar y estigmatizar de manera irresponsable a las organizaciones civiles que desde septiembre de 2014 han trabajado codo a codo con las víctimas para el esclarecimiento del caso, tales como el Centro Prodh, El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz y Fundar, entre otras; organismos públicos como la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa; así como organismos del sistema internacional e interamericano de derechos humanos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En un entorno de sostenidos retrocesos en la agenda de derechos humanos y de continua agresión contra personas defensoras, cuando la CNDH tendría que ser un organismo que asuma una posición protagónica en la defensa de defensores, ha optado por reproducir las acusaciones estigmatizantes que vulneran la dignidad de su labor y que los coloca en riesgo ante un clima de agresión caracterizado por la permisividad y la impunidad. En este sentido, la recomendación es un ataque frontal contra los derechos humanos en México.
Durante cerca de 12 años, las familias de las víctimas, en compañía de las organizaciones y organismos mencionados, son quienes han resistido y actuado dignamente en favor de la verdad y la justicia, y quienes han sostenido en condiciones adversas la agenda contra la crisis de desaparición de personas en México. El mayor obstáculo en su camino ha sido sin lugar a dudas la inconsistencia de la colaboración gubernamental. Mientras el gobierno no corrija su rumbo y coloque en el centro a las víctimas y mientras la CNDH no se apegue a su mandato constitucional que le exije cumplir con autonomía su misión de promover y proteger de manera efectiva los derechos humanos, el horizonte da la verdad y la justicia que persigue la sociedad mexicana permanecerá cada vez más distante. Ante ello, con mayor ahínco y dignidad las familias, colectivos, organizaciones y sociedad civil continuarán sin lugar a dudas en son de lucha, solidaridad y digna resistencia.
