“Complicidades e indolencia”
Titular de Semarnat, sin respuestas
Difícil para los independientes
Se suponía, por el grado de impunidad y comodidad con el que operan los grupos de la delincuencia organizada en algunos municipios; sin embargo, apenas ayer la Procuraduría General de Justicia del Estado ayudó a confirmar que las policías municipales se encuentran infiltradas por el narcotráfico a tal grado que sus propios elementos son partícipes de las actividades delincuenciales con el respectivo riesgo que conlleva para la población civil.
Armando Oviedo Ábrego fue el encargado de comunicar la captura de tres personas que presuntamente habrían estado involucradas en asesinatos recientes en la zona metropolitana. María Teresa, Víctor Manuel y Juan Francisco son los nombres de los detenidos, dos de los cuales formaron parte de la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.
Eso podría explicar por qué el cártel del noreste lleva semanas dejando o colgando cuerpos en los límites entre San Luis Potosí y Soledad. Hace un par de semanas el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática insinuó que si los delincuentes hacían uso de los mismos lugares para colgar a sus víctimas se debía a “posibles complicidades e indolencia de parte de quienes son los encargados de brindarnos seguridad”.
A dos semanas de distancia resulta que el perredista tenía razón, pero la complicidad e indolencia provenía de agentes municipales que se encuentran bajo las órdenes de funcionarios de ese partido político. Y a pesar de que las policías municipales son meramente preventivas, no puede soslayarse la responsabilidad que tienen los ayuntamientos de vigilar y depurar las corporaciones para evitar que los criminales las corrompan y tomen en control.
¿De qué sirven policías al servicio del narco? De nada, por esa razón Juan Manuel Carreras declaró que la crisis de inseguridad por la que atraviesa San Luis no se resuelve con más uniformados; sino combatiendo la impunidad y atendiendo las causas que originan la violencia como son: pobreza y marginación. De cualquier manera, la gran apuesta del gobernador para disminuir los índices delictivos en la entidad se llama Fuerza Metropolitana Estatal y está a punto de iniciar operaciones.
Mientras eso sucede, en redes sociales circulan mensajes supuestamente ligados a grupos de la delincuencia organizada con la intención de que la ruleta de cambios en el gabinete apunte al director de la Policía Ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, a quien incluso le reclaman por haber presentado “con bombos y platillos” a las tres personas detenidas el fin de semana y, además, lo acusan de haberlos torturado para que declararan que “el General jala con ellos y fuiste con ese cuanto con el gobernador como el puto y cobarde que eres”.
Si lo afirmado en el mensaje es cierto, el cambio anticipado por Alejandro Leal Tovías ya tiene nombre y apellido. En pocos días se aclarará el asunto.
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Mientras el Gobierno del Estado presenta recursos jurídicos para impedir la tala de árboles en Xilitla, la responsable de emitir la autorización a ese proyecto y titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Libia Lizette Santa Ana Castro, sigue sin poder hilvanar dos argumentos seguidos para justificar siquiera su presencia en esa dependencia federal.
A los reporteros les saca la vuelta y evita responder sus cuestionamientos. Las semanas que lleva el tema ventilándose en periódicos locales y nacionales le han sido insuficientes para documentarse. La ausencia de respuestas sigue alimentando la sospecha de que el permiso para deforestar, aunque elegantemente le llamen “aprovechamiento de recursos maderables”, fue un favor especial para su promotor y contradictoriamente miembro del Partido Verde: Clemente Tovar Rubio.
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El Instituto Nacional Electoral planea repartir 43 millones de pesos entre los candidatos independientes que logren registrarse para el proceso electoral del próximo año.
Aún falta que se apruebe oficialmente esa cifra; pero, es un hecho que los independientes tendrán que conformarse con lo que les toque porque a mayor número de candidatos menos recursos les entregarán para competir contra los partidos políticos.
Para complicar aún más su participación, los independientes deberán crear una asociación civil para que el INE deposite el dinero a cuentas que pueda fiscalizar.
La enorme ventaja que los partidos tienen sobre los independientes no solo es económica, para que un ciudadano común y corriente sea registrado como candidato sin partido debe recabar al menos 2% de firmas de la lista nominal del estado o el distrito electoral.
Y por si eso no fuera poco, si dos personas quieren competir como independientes en el mismo distrito, la ley únicamente permite que se registre el que haya obtenido más firmas.
(Redacción: Jaime Nava)
