- Crece presión empresarial
- Juez estudiará legalidad
- EU: explosivos y elecciones
Julio Hernández López
Hoy debe iniciar la indagación del ánimo popular respecto a proyectos aeroportuarios. No es una consulta popular conforme lo establecen las leyes ni tendrá efectos legales vinculantes (en términos jurídicos, algo es vinculante cuando obliga a las partes a su cumplimiento), pero el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que cumplirá con rigor los resultados de ese ejercicio de auscultación y, además, el desenlace habrá de impactar terrenos delicados de la vida pública, como la confiabilidad o no de ese tipo de “consultas” y el posicionamiento del propio AMLO ante sus seguidores, cuya gran mayoría se opone al proyecto con sede en Texcoco, y ante la recelosa comunidad empresarial, que se opone a la alternativa que incluye la base militar de Santa Lucía.
Una primera consecuencia positiva ha sido el fomento de la discusión abierta de temas que son de alta complejidad técnica, pero inscritos en el anchuroso terreno de las políticas públicas. Nunca antes se había tenido oportunidad de asomarse a los entretelones de un proyecto de esta magnitud (ni de ninguna otra) ni se había ofrecido al ciudadano, solo por serlo, la posibilidad de votar para definirlo.
Accidentado ha sido el proceso que desembocará en cuatro días de urnas abierta, suspicacias varias y amagos empresariales, financieros y bursátiles (ayer, el peso ya necesitaba casi veinte unidades, 19.93, para comprar un dólar). El candidato presidencial López Obrador fue un duro opositor del proyecto de Texcoco, al que llegó a calificar de “barril sin fondo” y a poner como ejemplo de corrupción desmedida. El cerrado rechazo obradorista hizo saltar, meses atrás, al propio Carlos Slim en defensa del nuevo aeropuerto internacional. De entonces a la fecha se ha producido un giro de incertidumbre cuyos aires a veces parecen inclinar la voluntad andresina hacia la cesión del proyecto Texcoco a los inversionistas encabezados por Slim y, en otras ocasiones, parece preparar todo para la opción del actual aeropuerto, Toluca y Santa Lucía.
A fin de cuentas, la consulta informal podría permitir ajustes sobre la marcha si es que sube de tono la embestida de segmentos empresariales en defensa de Texcoco. Incluso ha de considerarse que cuatro estudiantes de derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México han solicitado a la justicia federal que impida la realización de esa “consulta”, demanda que el juez de distrito Juan Carlos Guzmán Rosas no benefició con una inmediata suspensión provisional del acto reclamado, pues consideró necesario determinar si “los actos del presidente electo pueden ser sometidos a control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo, (lo cual) es una cuestión que se involucra con el análisis que deberá realizarse en la sentencia de fondo” En estos días, pues, se cerrará lo que habrá de ser el acierto o el error de octubre. Es de desearse que, por encima de las eventuales insuficiencias procesales, el resultado de este experimento deje satisfechas a las partes y permita al país avanzar sin mayores alteraciones.
En una operación cuyo móvil y ejecutor(es) se desconocían a la hora de cerrar esta columna, Estados Unidos se asomó ayer a un peculiar intento de terrorismo político: paquetes bajo sospecha de contener explosivos (sospecha que luego fue confirmada en varios casos) fueron enviados a direcciones correspondientes al expresidente Barak Obama, a la excandidata presidencial Hillary Clinton, a la cadena noticiosa CNN, a una legisladora federal y, un día antes, al polémico multimillonario George Soros.
Ninguno de los paquetes explotó. Policías y expertos tomaron control de cada situación. Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence hicieron declaraciones. Pero fue inevitable la especulación derivada del escenario polarizado que vive Estados Unidos rumbo a las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre. Todos los destinatarios de los extraños envíos han sido opositores y críticos de la administración Trump: miembros del Partido Demócrata, los políticos; constantemente agredida por Trump, la CNN.
Ayer se dio por terminado el ciclo de foros para escuchar opiniones de familiares de víctimas, especialistas y ciudadanos en general sobre los planes obradoristas de reconciliación y pacificación nacionales. Fue un proceso que mostró la falta de coordinación entre las principales figuras convocantes, los futuros secretarios de gobernación, Olga Sánchez Cordero (cuya hija es una de las aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin reparo alguno en cuanto a tufo a nepotismo, aunque se trate de dos poderes distintos y un solo partido dominante verdadero) y de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño y de la coordinadora de los foros, Loretta Ortiz.
Además de propiciar declaraciones descoordinadas y, en ocasiones, confrontadas, entre esos funcionarios, los foros no se realizaron en todas las ciudades donde se habían programado. La sesión final, ayer, ya no contó con la participación abierta, doliente, desgarrada, de quienes en otros foros exigieron justicia y se pronunciaron contra la tesis del perdón judicial.
López Obrador pareció aceptar en lo general esa exigencia de justicia institucional y perdón, o no, conforme a las decisiones personales de cada quien. Aceptó que debe encontrarse el punto de equilibrio entre justicia y perdón, aunque regateando que perdón también significa “amnistía: no descartarla, que no es sinónimo de impunidad en estos procesos”. Justicia con perdón, planteó, y dijo que “como jefe de Estado me voy a someter a la opinión de todos, pero en lo personal sí creo en el perdón”.
Un punto notable de la intervención de López Obrador fue la reiteración de que su gobierno no apostará “a la guerra, al exterminio o las masacres”. En la sesión postrera de estos foros se leyó una carta del papa Francisco, cuya presencia había sido anunciada originalmente como convenida para apoyar los procesos morenistas de pacificación nacional. ¡Hasta mañana!
