Reuters
La Suprema Corte de Estados Unidos asestó este jueves un revés a cuatro operadores de cruceros estadunidenses que impugnaban sentencias por un valor total de 440 millones de dólares tras haber sido acusados de utilizar ilegalmente muelles en Cuba que fueron expropiados en 1959 por el gobierno de Fidel Castro.
Los magistrados, en un fallo de 8 a 1, anularon la decisión de un tribunal inferior de desestimar las sentencias contra Carnival, Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Cruises y MSC Cruises, que fueron demandadas por una empresa estadunidense que había construido las instalaciones portuarias antes de la revolución cubana.
La empresa presentó la demanda al amparo de la Ley Helms-Burton, que permite a los ciudadanos estadunidenses que poseían propiedades en Cuba demandar a cualquiera que “comercialice con bienes que fueron confiscados por el gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959”.
Havana Docks Corporation, que construyó muelles en el puerto de La Habana a principios del siglo XX, presentó una demanda en virtud de la ley Helms-Burton para reclamar una indemnización a las compañías de cruceros, cuyos barcos han utilizado la terminal.
Poco después de llegar al poder, Castro nacionalizó y expropió los bienes en poder de empresas estadounidenses, incluida Havana Docks, que tenía una concesión de 99 años para la construcción y explotación de muelles en el puerto de La Habana, otorgada en 1934 por el gobierno cubano.
Cuba nunca ha pagado indemnización alguna a Havana Docks, pero la ley Helms-Burton le dio a la empresa la oportunidad de demandar por daños y perjuicios ante un tribunal estadounidense.
Si bien la ley Helms-Burton autorizaba principalmente demandas contra el gobierno cubano y sus empresas estatales, también creaba una posible responsabilidad para empresas internacionales como las líneas de cruceros estadounidenses que han operado en Cuba.
Los presidentes estadunidenses de ambos partidos optaron por suspender una disposición clave de la ley Helms-Burton, lo que significaba que las demandas privadas no podían seguir adelante.
Pero Donald Trump levantó esa suspensión en 2019 durante su primer mandato, desatando una oleada de litigios contra entidades estatales cubanas y algunas empresas estadounidenses acusadas de traficar con bienes confiscados.
Las cuatro operadoras de cruceros utilizaron los muelles entre 2016 y 2019, después de que el presidente Barack Obama suavizó las restricciones de viaje a Cuba.
En un escrito judicial conjunto, las empresas afirmaron que “no tiene sentido que tengan que pagar cientos de millones de dólares por seguir las indicaciones del poder ejecutivo al reabrir los viajes a Cuba”.
En 2022, un juez federal dictaminó que las compañías de cruceros habían incurrido en tráfico al atracar sus barcos en la terminal e impuso sentencias de más de 100 millones de dólares contra cada una de las cuatro.
El Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Atlanta, anuló esas sentencias el año pasado, centrándose en el hecho de que la concesión de Havana Docks habría expirado en 2004, mucho antes de que las compañías de cruceros utilizaran las instalaciones.
Por lo tanto, la conducta de las compañías de cruceros entre 2016 y 2019 no constituyó tráfico de bienes confiscados de Havana Docks, señaló.
