Renata Terrazas*
Nuestra democracia se basa en procesos electorales con el mínimo, quizá menos del mínimo, de elementos que nos mantienen en el lado de las democracias occidentales y no de aquellos países autoritarios plagados de terroristas o de golpes de estado continuos.
No importa que más de la mitad de la población viva en pobreza, que México sea uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, que el crimen organizado se haya adueñado de pedazos del territorio, gobiernos y empresas o que la corrupción y la impunidad sean la constante en las interacciones entre los gobiernos y sus sociedades.
La democracia mexicana se enmarca en un clima de impunidad donde gobernadores que roban y endeudan a sus estados se amparan bajo leyes creadas para cubrir sus huellas y mantener en secrecía los actos de corrupción cometidos en sus administraciones. Este es nuestro estado de derecho.
El colmo de esto se evidencia cuando funcionarios o ex funcionarios bajo sospecha de comisión de actos de corrupción y de sostener vínculos con el narcotráfico intimidan a quienes los señalan como sospechosos y pretenden interponer acusaciones por daño moral. Ejemplo de ello es la reciente demanda de Humberto Moreira a Sergio Aguayo por daño moral (¿en serio?), derivada de comentarios del investigador de El Colegio de México vertidos en una columna escrita a inicios de este año, cuando Moreira fue detenido por la policía en España.
El asunto es preocupante dado que en un clima de impunidad, donde los poderes económicos y políticos se encuentran aliados para la comisión de actos de corrupción, resulta más sencillo acusar a un periodista, investigador o integrante de la sociedad civil, de daño moral por señalar un posible acto de corrupción, que acusar a un funcionario por el acto mismo de corrupción.
El incentivo es perverso, empuja a la institucionalización de la corrupción, esa que nos mantiene viviendo en un país desigual, violento, inseguro y donde la mitad del país se encuentra en la pobreza.
La acusación de Moreira se inserta en un contexto particular, en donde Sergio Aguayo realiza una investigación sobre la masacre ocurrida en Allende, Coahuila, por parte del grupo criminal los Zetas. Esto permite pensar que la demanda por daño moral intenta ser una amenaza para silenciar la investigación del académico ya que Moreira tenía días de haber dejado la gubernatura del estado y recientemente se le ha señalado por haber tenido vínculos con el narcotráfico.
Nuevamente se observa un intento de usar las leyes para proteger a los corruptos, a los criminales. Aquí también observamos nuestro estado de derecho.
De la mano de esta demanda se encuentra otra arista en el tema: el derecho al olvido. Hace unos días diversas organizaciones de la sociedad civil sacaron un desplegado argumentando una postura en contra de este llamado derecho desde el cual se pretende borrar de la memoria electrónica posibles acusaciones o señalamientos que se considere afecten a una persona.
De manera rápida, este supuesto derecho nos puede parecer una buena idea, sobre todo si pensamos en la posibilidad de eliminar del Internet fotografías vergonzosas de las personas, videos motivo de burlas, o cualquier información difamatoria o difundida a manera de burla. Sin embargo, este derecho tiene un lado un poco más oscuro; abre la puerta para que funcionarios señalados o acusados por actos de corrupción o delitos de cualquier tipo puedan eliminar esa información de los anales del Internet.
El llamado derecho al olvido no es un derecho, es un franco atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información ya que no le permitirá a futuras generaciones conocer información relevante sobre personas que aspiren a un cargo público, información necesaria para tomar decisiones informadas sobre quien queremos que nos gobierne.
Esta medida, que busca incluirse en la constitución de la Ciudad de México, pretende establecer un borrón y cuenta nueva, será una nueva forma de amnesia colectiva, un paso más para la construcción de nuestro régimen democrático de impunidad.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
