Guillermo Luévano Bustamante
La manifestación pública de las ideas es, por supuesto, más que un derecho fundamental, un componente de las sociedades democráticas. La protección a la libre exposición pública de las ideas es igualmente un indicador del funcionamiento adecuado del aparato gubernamental de una comunidad.
Pero, como en otras ocasiones he postulado en este espacio, hay una distinción entre, por un lado, el ejercicio de un derecho que busca la ampliación de libertades propias y, por otro lado, la apelación a una disposición normativa para tratar de disminuir las libertades de otras personas. La manifestación del sábado pasado convocada oficialmente por el Frente Nacional por la Familia, y extraoficialmente por el arzobispado Mexicano, postula la negación de derechos para un grupo poblacional por su orientación sexual o su identidad de género.
Coincido con el colega de la Universidad de Guanajuato, el doctor Aquiles Ávila, que tras el somero análisis del discurso de quienes se manifestaron el fin de semana pasado, lo que destacaba era un notable desconocimiento, que se replicó profusamente en las redes sociales y que declaraban sus promoventes a la prensa.
Más que versiones imprecisas de ciertos argumentos, parecía un discurso de miedo, que buscaba ganar adeptos mediante el riesgo de permitir que se imponga “la ideología de género”, ese constructo mediático con el que las organizaciones mas conservadoras pretenden desacreditar las luchas feministas, los enfoques de género, y en general, me parece, los aportes de la sociología y la antropología de los derechos, desde los cuales se sostiene la diversidad social, cultural, el pluralismo jurídico y los propios derechos humanos.
Me preocupa el crecimiento de ese discurso que se basa en la desinformación dolosa, de esa organización que existe y se pronuncia por el desconocimiento y el rechazo de los derechos de otras personas, de la complacencia de ciertas personas que desde la función y el servicio públicos fomentan la discriminación, la homofobia, la exclusión.
En la manifestación del sábado pasado, la que rechazaba el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la que propugnaba que se les impida adoptar como pareja, la que inventó que el Estado quiere pervertir a la infancia mexicana, la que alarma sobre la llegada de la amenazante “ideología de género” como depravación a la escuela, e incluso diríamos, la que se opone al discurso científico en la educación básica, a la educación sexual, etcétera, hay un discurso y campaña de calumnia, de imprecisiones, de incorrecciones, de desatinos. El asunto es que su manifestación, aun basada en los prejuicios, no es inofensiva, el miedo que se pretende provocar en la sociedad genera animadversión, justifica la violencia contra los grupos que ahí se estigmatizan, porque, según los promoventes y defensores del modelo único de familia, ponen en riesgo el modelo de relacionamiento que solo ellos aceptan.
Sobre la noción de la “familia natural” ya me he pronunciado en otras ocasiones en este espacio, es inconsistente antropológicamente, sociológicamente y jurídicamente, por decir lo menos.
Sobre la desafortunada participación de dos diputados locales en esta manifestación no abundaré por ahora, todo mundo tiene derecho a manifestarse, pero ya decía al principio de esta colaboración en donde residen los cuestionamientos a estas marchas anti-derechos.
El Congreso del Estado debe dictaminar ya sobre el matrimonio igualitario en San Luis Potosí, los amparos siguen procediendo, por lo que su omisión legislativa sigue burocratizando el acceso a la justicia.
@guillerluevano
