Renata Terrazas*

Más allá de quienes estén en el poder, están las instituciones, las cuales son el sostén de un sistema político, económico, social y cultural. Los titulares del Ejecutivo duran seis años y detrás de ellos vienen, en ocasiones los amigos, en otras, los enemigos. Es cierto, una clase política muy poco heterogénea, se puede considerar una institución en sí misma, pero eso es otro tema.

El punto es que a la fortaleza institucional es a lo que deberíamos estarle apostando, en estos momentos de incertidumbre política y social en la cual no sabemos qué político está bajo la nómina del narco, cuál está coludido con las empresas que ganan contratos millonarios y abusan de lo público y cuáles son, en sí mismos, capos de la política.

Más allá de ellos, están las instituciones, las cuales, en su mayoría, nacieron con un impecable diseño que las dota de facultades para cumplir con los objetivos para los cuales fueron creadas. Quizá habría que eliminar de esta lista al INE, el cual nació con una apuesta sobre los perfiles de quienes lo dirigían, pero condenada desde que la designación de sus titulares quedó bajo las pugnas políticas, y con ello, bajo el resultado de los amagos políticos.

Hay otras instituciones que tras años de un enquistamiento en sus funciones derivada de titulares que sólo estaban tras el hueso, funcionarios mediocres cobrando cheques haciendo lo mínimo y un desinterés por parte de la clase política, se volvieron gigantes inútiles que cuando quieren lucirse y mostrar sus capacidades actúan como ballenas encalladas, torpemente. Tal cual lo vemos con la Procuraduría General de la República; años de inutilidad la han entumecido hasta el tuétano y hoy carece de todas las habilidades –y la voluntad– para juzgar a quien se ha convertido en símbolo de la corrupción –y del nuevo PRI–.

La debilidad institucional a nadie le viene bien, se traduce en la incapacidad del Estado de implementar sus leyes, de combatir el narco y el crimen organizado, de recolectar impuestos, de asegurar los derechos de su población y de mantener las condiciones mínimas para una vida digna.

Una débil PGR que no puede castigar a ex gobernadores corruptos, un débil sistema de protección al ambiente (Semarnat y Profepa) que no pueden asegurar la existencia de la vaquita marina, un débil sistema judicial que no puede implementar el nuevo sistema acusatorio, débiles congresos estatales que no pueden aprobar leyes a tiempo y por eso traen un desorden con sus sistemas locales anticorrupción y un cada vez más debilitado sistema de salud que no puede asegurar el derecho a la salud de su población.

La corrupción es de las principales causantes de esta debilidad institucional, porque permitió que perfiles incapaces dirigieran instituciones, porque desvió los recursos que debieron destinarse al fortalecimiento institucional, porque ha sido el pegamento entre las clases política y económica para el desmantelamiento estatal.

Hoy somos un país con cada vez menos recursos públicos, ya sea por la obtención de menos ingresos o por el mayor desvío de recursos. Somos un país con instituciones despedazadas por la avaricia de nuestros gobernantes y representantes quienes se asumen como personal de paso, de mira corta, que busca sacar el mayor provecho a su situación actual, la cual terminará pronto. Porque el servicio público ha dejado de ser un servicio para convertirse en un beneficio de lo público.

Más allá de las agendas y temas que se abren como abanico y nos abruman por la urgencia de atenderlas todas, es importante reconocer que en la medida que continúe el desmantelamiento del Estado, y con él el de nuestras instituciones, tenemos muy pocas posibilidades de asegurar un estado de derecho.

La apuesta hoy es por el fortalecimiento institucional, porque sus titulares sean designados bajo procesos abiertos en donde se asegure la idoneidad de su perfil. Es insostenible el esquema en el que permitimos secretarios aprendices, integrantes de juntas de gobierno a modo y sin experiencia, presidentes que plagian su tesis.

Castigar a los ex gobernadores corruptos es una urgencia para dibujar la línea entre lo que permitimos y lo que no, línea que de otra forma se dibujará de manera más violenta. Pero más allá de la imposición de castigos ejemplares a los símbolos de la corrupción, hay que apostarle al fortalecimiento institucional y éste empieza con la construcción de legitimidad.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación

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