Ignacio Betancourt
En un país donde las leyes se hacen (y se aplican) para favorecer a los transgresores se ha llegado a un límite que ninguna población en ningún lugar puede aceptar de manera pasiva; soportar con indiferencia tanto abuso implicaría una suerte de suicidio colectivo, inadmisible no sólo para el pasado o el presente nacional sino, fundamentalmente, frente a un porvenir que no merece la infancia ni la juventud de ningún lugar del mundo.
En México no requerimos vivir bajo una dictadura para padecer el cotidiano aplastamiento de los más elementales derechos ciudadanos. La justificación “legal” que los más corruptos hacen de sus latrocinios y desmanes resulta insoportable ostentación de la más siniestra impunidad. Es insoslayable para la población pensar muy seriamente ¿qué hacer ante tamaña calamidad? Si el gobierno se hunde cada vez con mayor espectacularidad en sus errores (y en sus horrores), algo deberemos hacer los millones de víctimas de tan trágica descomposición. Ante caos tan evidente en la parte gubernamental y su manifiesta incapacidad de garantizar los derechos de la ciudadanía; ante la elocuente derrota y avasallamiento de todas las instituciones la delincuencia organizada es quien realmente gobierna. La actuación ciudadana resulta urgente, nos va en ello el hoy y el mañana (y aún falta la negociación sobre el TLC).
Los millones de hombres y mujeres de todas las edades que padecemos en este atribulado México tendremos que aprender a dialogar entre nosotros para poder cambiar nuestro país de manera organizada y diversa, y así actuar en función de las más imaginativas reflexiones. Si “legalmente” la impunidad gubernamental y delincuencial la garantizan las actuales leyes, el poder establecido se vuelve entonces el principal transgresor; realidad tan trágica legaliza cualquier actuación ciudadana. Cuando los principales delincuentes pueden seguir medrando impunemente, el actuar de la población amplía notablemente sus límites y se agranda el campo de acción de manera inusual; frente a la impunidad, todo justo reclamo se vuelve válido sea cual sea su forma de manifestarse. En presente tan adverso va un botón de muestra: según el décimo sexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU), “el 74.9 de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro”.
Cuando la complicidad entre gobernantes y delincuentes se vuelve cotidiana surge una nueva axiología, otros valores comienzan a regir la vida social y se desacredita toda normalidad. Frente al cinismo más elocuente (y exitoso) la confrontación de la ciudadanía frente a sus agresores rebasa cualquier autolimitación y se instaura justificadamente en la indignación más diversa; la vulnerabilidad no discrimina, sería recomendable que nadie lo olvidara.
