Los expedientes que presentaron la Canieti, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (Amiti) y la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre (Amesol) para fungir como “organismos promotores” del Prosof carecían de “documentación comprobatoria sobre su capacidad física para operar el programa, lo que denota que los expedientes no están integrados de conformidad con los requisitos establecidos en las reglas de operación”. Tampoco presentaron documentos sobre sus respectivos representantes legales que deberían estar al corriente en sus obligaciones ante la SE, detalló la ASF en los resultados de revisión de la cuenta pública 2015.
La SE tampoco estableció plazos para la entrega de subsidios ni realizó evaluaciones al respecto. Los recursos se repartieron en 399 beneficiarios de mil 455 unidades económicas o empresas pero la ASF subrayó que el programa presenta “deficiencias en sus mecanismos de control” y “se desconocen los resultados de los proyectos apoyados”, por lo que sugirió que debe reestructurarse.
El Prosof se creó en 2003 para contribuir, mediante la entrega de subsidios a empresas tecnológicas, al crecimiento del sector y abatir el rezago que existe en México al respecto entre las empresas por la poca confianza en el uso de medios electrónicos, el alto costo en el acceso a capital e inversiones consideradas de alto riesgo, el insuficiente desarrollo de cadenas de valor entre empresas y la inadecuada comunicación entre empresa, iniciativa privada, gobierno y academia, entre otros factores. Todos los estados tienen posibilidades de participar en el programa y ha contado con asistencia técnica y un préstamo de 80 millones de dólares del Banco Mundial.
A través de lo que llama “organismos promotores”, la secretaría entregó 523 millones 123.8 mil pesos a los beneficiarios del Prosof para 392 proyectos. La mayor parte, 226.3 millones de pesos equivalentes al 43.2 por ciento de dicho monto, se canalizaron a través de la Canieti para 114 proyectos.
Otro 26.3 por ciento o 137 millones de pesos se distribuyeron mediante las organizaciones civiles Amiti y Amesol para 60 proyectos en conjunto y 30.6 por ciento para 218 proyectos de 12 entidades federativas.
La ASF señaló que el programa ni siquiera identifica de manera desagregada por grupo específico y región del país a la “población objetivo”, una observación que le hizo desde una auditoría a la cuenta pública de 2011.
