Mario Patrón
El pasado 24 de julio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, adscrita al Poder Ejecutivo federal, publicó los lineamientos generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que han sido sometidos a consulta pública desde el 27 de julio y hasta el 21 de agosto. Su publicación se inscribe en la pauta de una política gubernamental que desde el sexenio anterior ha desmantelado la arquitectura institucional autónoma garante de la libertad de expresión y ha concentrado en el Ejecutivo el control de los medios de comunicación.
Los lineamientos instrumentalizan un fin legítimo –salvaguardar los derechos de las audiencias– para buscar imponer mecanismos sumamente cuestionables que comprometen la libertad de expresión y otorgan mayor poder al gobierno en turno. En ellos, se exige a los medios de comunicación no difundir información falsa, descontextualizada, o presentar información histórica como si fuera actual; exigen distinguir explícitamente el contenido que sea publicitario, e igualmente distinguir la información noticiosa objetiva de las opiniones expresadas por periodistas o conductores. Los lineamientos incluyen, además, otras disposiciones plausibles para salvaguardar la inclusión de audiencias con discapacidad y la representatividad de la diversidad y pluralidad propias del país.
Como resulta evidente, el problema no radica en las intenciones declaradas, sino en las posibilidades que abre para conseguir un todavía mayor ejercicio de poder gubernamental. Los lineamientos refrendan que es el gobierno, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, quien se reserva la prerrogativa de discernir la información falsa de la verdadera y emitir sanciones a partir de dicho juicio, con lo cual se ensancha la puerta para la censura mediática y –en sentido contrario a sus intenciones declaradas– se reducen los márgenes de pluralidad de los medios. La plena objetividad de la información es una ilusión que se torna muy peligrosa.
Examinar la veracidad de cada afirmación requiere de discusiones amplias y plurales que no pueden ser centralizadas en un actor único, menos aún si tal actor es parte interesada en el escenario político y participante activo en el juego electoral. La lucha contra la desinformación es totalmente legítima, pero requiere de mecanismos realmente democráticos y autónomos que no incrementen el control gubernamental sobre la prensa y los medios de comunicación. Hasta hace pocos años, México contaba con organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que debieron ver incrementadas sus facultades para una mejor protección de los derechos de las audiencias y el derecho a la libertad de expresión y opinión, pero que, en sentido contrario, fueron disueltos y ahora, sin un sistema autónomo, la salvaguarda de tales derechos depende de la voluntad e intereses políticos de un solo actor, imposibilitando a las audiencias de protegerse de los abusos de poder.
La situación resulta especialmente preocupante en tiempos de alta regresión democrática a nivel global como el actual. La libertad de expresión atraviesa su peor momento en medio siglo de acuerdo con Leopoldo Maldonado, ex director de la organización no gubernamental Artículo 19 México y Centroamérica, quien recientemente ha sido nombrado Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
En nuestro país experimentamos una situación especialmente preocupante que nos coloca en la posición 122 de los 180 países que conforman la clasificación mundial de la libertad de prensa. Con 180 periodistas asesinados y 32 periodistas desaparecidos desde el 2000, y con el promedio de una agresión contra un periodista cada nueve horas, México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. En este contexto, el compromiso con la libertad de expresión debiera ser para el Estado una materia urgente, merecedora de una atención integral con la participación de la sociedad civil y la inclusión de mecanismos de regulación horizontales y autónomos.
Una verdadera protección de los derechos de las audiencias exige salvaguardar la pluralidad como cimiento de una ciudadanía informada y crítica, condición indispensable para el sostenimiento de una sana democracia. En tiempos de sobreinformación y desinformación como los que corren, la salud de la comunicación al interior de la sociedad es crucial, pero ciertamente no se garantiza con un control centralizado por el Estado, sino con una regulación participativa, horizontal y autónoma.
