Armando G. Tejeda, corresponsal
Madrid. A pesar de los decretos del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, los desahucios no cesan. El último se llevó a cabo en la localidad de Sansomendi, en la provincia vasca de Álava, donde la policía autonómica, la Ertzaintza, empleó la fuerza para expulsar de la vivienda a una familia integrada por una pareja de padres y seis hijos menores de edad. Más de 300 personas intentaron evitarlo infructuosamente, ya que los agentes antidisturbios se emplearon a fondo con sus macanas, gases lacrimógenos y violentos empujones con sus escudos. El saldo fue de cuatro detenidos y la familia desahuciada en la calle.
En los primeros seis meses del año, en España se ejecutaron ocho mil 485 desahucios, la mayoría de ellos, un 65 por ciento, de personas o familias que vivían en régimen de alquiler. Como fue el caso de Maricarmen Abascal, la octogenaria que se convirtió en el símbolo del movimiento a favor del derecho a la vivienda en España y que ha movilizado a centenares de miles de personas, incluidos los acampados en la Puerta del Sol. Las comunidades autónomas con el mayor índice de lanzamientos son por orden de gravedad: Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid.
El caso de Sansomendi es un ejemplo más de la complejidad del problema: la familia desahuciada tiene la condición de “vulnerable”, al estar integrada por seis hijos menores de edad y tener unos ingresos económicos por debajo del umbral de la pobreza, ya que la mayor parte del dinero que recibían era fruto de ayudas públicas, unos dos mil 450 euros (50 mil pesos). La familia propietaria y que reclama la vivienda para uso personal está integrada por una pareja, con la mujer embarazada, y un niño pequeño y que actualmente viven una habitación alquilada, con lo que también tienen la condición de vulnerables. Además llevan sin recibir el pago de la renta de su casa desde el año 2021, cuando la familia desahuciada dejó de pagarles y los propietarios tuvieron que asumir el pago de la hipoteca en todo este tiempo.
El juez, tras analizar la situación y después de varios recursos, decidió autorizar el lanzamiento y entregarle la vivienda a sus propietarios, que la reclaman para vivir ellos mismo. Se trata de una casa humilde y en un barrio obrero de la localidad.
El Sindicato de Inquilinas convocó a sus miembros a evitar el desahucio a las puertas de la casa, pero los agentes antidisturbios de la policía vasco lo ejecutaron después de haber expulsado a los manifestantes de la zona hasta que lograron entrar a la vivienda, entregar la orden de expulsión y sacar a la familia de la vivienda.
Otro desahucio reciente, después del lanzamiento y fallecimiento de Maricarmen, fue el ocurrido el pasado 20 de octubre en Barcelona, en el barrio popular del Clot. En este caso se expulsó de la casa a Ghariba Nahri, una madre soltera con una hija que tenía un informe de vulnerabilidad. El juez ordenó su lanzamiento por un supuesto error administrativo formal en el pago de la renta, cuando la madre desahuciada había insistido en que había sido víctima de una estafa. También se desahució recientemente a un profesor de física e investigar de la Universidad de Valencia, que llevaba viviendo 18 años en un departamento en el pueblo de Burjassot, por el que fue desahuciado con orden judicial el pasado jueves.
El asunto de la vivienda y el drama de los desahucios se ha convertido en uno de los temas centrales del debate electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
