Claudia Herrera
Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó la mayoría de los asuntos de fiscalización interpuestos por el PAN contra el triunfo de Miguel Angel Riquelme en la elección a la gubernatura de Coahuila, porque ya los resolvió el Instituto Nacional Electoral (INE) o la misma Sala Superior.
Solo aceptó devolver al INE un tema relacionado con el registro extemporáneo de operaciones contables en el Sistema Integral de Fiscalización relacionadas con reclasificaciones de gasto y remanentes, pero hechas por el panista Guillermo Anaya, ex abanderado de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila.
Sin especificar montos ni tipos de gastos hechos por Anaya en la sesión efectuada esta mañana, el magistrado ponente Reyes Rodríguez Mondragón indicó que “se revocan, sólo para efecto de otorgar certeza a los actores en el procedimiento de dictamen y resolución de este ejercicio de ingreso y gasto”.
En relación con gastos no reportados por Riquelme, consistentes en desplegados que se publicaron en diferentes medios impresos, así como la realización de eventos con grupos musicales y cantantes, se declararon inoperantes, dado que ya resolvieron en la queja en materia de fiscalización 141.
Por dicha queja, el ex abanderado de la coalición Por una Coahuila seguro otra vez está en el escenario de la anulación de su triunfo al rebasar los topes de gastos de campaña por 9.2 por ciento.
Sobre la erogación en propaganda difundida en Facebook, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recordó que esa ya se eliminó en una resolución previa.
En cuanto al gasto por el uso de una camioneta Durango, se emplazó al instituto para que resuelva el asunto en 10 días máximo, ya que originalmente el monto se adjudicó a la campaña por la presidencia municipal de Torreón.
El magistrado Rodríguez indicó que buscan sentar un precedente para que candidatos y partidos políticos registren sus operaciones en tiempo real, tema que –consideró– será muy relevante para el cumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización de los procesos electorales federal y locales de 2017 y 2018.
Afirmó que habrá una fuerte carga de trabajo en la revisión de los informes de ingresos y egresos de las campañas, por lo que es necesario fijar criterios que sirvan además a las Salas Regionales, encargadas de atender temas de fiscalización de otro tipo de candidaturas, como las diputaciones.
