Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal

Zacatecas, Zac. Miguel Alonso Reyes, ex gobernador de Zacatecas por el PRI, tiene abiertas al menos cinco denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, malversación de recursos públicos procedentes del gobierno federal, y simulación de operaciones.

Reveló lo anterior la diputada María Guadalupe Adabache Reyes, de Morena, justo cuando el actual gobernador, Alejandro Tello Cristerna, envió al Congreso de Zacatecas la iniciativa para crear la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

En ocho meses de gobierno, Tello no ha escuchado las demandas que los partidos de oposición le han hecho al PRI, en las que piden investigar y sancionar el desfalco financiero que dejó el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, por un monto de aproximadamente 12 mil millones de pesos, según reconoció el propio Tello Cristerna al asumir la gubernatura en septiembre de 2016. El argumento del actual mandatario es que “no voy a perder el tiempo, mirando hacia atrás”.

Sin embargo, la propuesta de Tello Cristerna, respecto a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, se topó este jueves con la crítica postura de la bancada de los diputados de Morena, que exigieron a la PGR y a la Procuraduría de Justicia de Zacatecas avanzar en las investigaciones sobre las denuncias penales que se han interpuesto, contra el ex mandatario.

Sólo ante la PGR, recordó la legisladora Adabache Reyes, existen cinco denuncias contra el actual titular del FONATUR:

La primera denuncia que interpuso la entonces diputada local, Bibiana Lizardo, del Congreso del Estado de Zacatecas, a principios del año 2016, aportó pruebas por la supuesta compra de terrenos por parte de prestanombres del gobierno de Miguel Alejandro Alonso Reyes en zonas protegidas, que posteriormente serían convertidas en fraccionamientos o zonas residenciales.

El expediente con número FED/ZAC/ZAC/0000243/2016 está adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Federación Orientador B, en la carpeta instruida contra Miguel Alejandro Alonso Reyes por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.

Posteriormente, el abogado Alberto Gaytán Espinoza denunció ante la Procuraduría General de la Republica a Miguel Alejandro Alonso Reyes por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“La parte actora asegura que el ex gobernador posee una fortuna por el orden de 20 millones de dólares, la cual fue obtenida a través del concepto de diezmo, a cambio de entregar obras públicas a distintos empresarios”.

Luego fue la ex candidata a la presidencia municipal de Zacatecas por Morena, la también ex diputada Soledad Luévano Cantú, quien presentó una denuncia ante la PGR contra el ex gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes por un conjunto de delitos de orden patrimonial.

“Las pruebas presentadas por la excandidata muestran una posible red de corrupción que involucra al ex gobernador con un grupo de empresas presuntamente dedicadas al lavado de dinero, venta de facturas y simulación de operaciones”.

Después, en la sede de la PGR de la Ciudad de México, Jorge Álvarez Máynez, diputado federal de Movimiento Ciudadano, presentó una demanda por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes. El legislador federal explica “que la demanda es debido a los hechos de corrupción que hubo en el estado durante el periodo de Alonso Reyes, provocando una crisis en el sector salud por declarar desiertas las licitaciones para el abasto de medicamentos favoreciendo a un cierto grupo empresarial”

Por último, expuso la legisladora de Morena en Zacatecas, antes de que concluyera el año 2016, el ex diputado local Cuauhtémoc Calderón Galván (ex integrante del PAN), interpuso una denuncia ante la PGR contra el ex gobernador por presunto enriquecimiento ilícito y peculado.

La denuncia tuvo su origen al detectarse que Alonso Reyes estuvo involucrado en la apropiación de un bien público, para beneficiarse él y su familia: “se desvió el destino de un predio ubicado en el fraccionamiento Siglo XXI, ubicado en la capital, que era propiedad del estado y estaba reservado para donación de la Universidad Autónoma de Zacatecas”.

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