Ciudad de México. La Cámara de Diputados inició el análisis de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, derivado del veto que el presidente Enrique Peña Nieto aplicó a ese ordenamiento.
Al inicio de la sesión en San Lázaro, el grupo parlamentario de Morena presentó un voto particular a la minuta. Guadalupe Hernández, legisladora por ese partido, expuso desde tribuna que el paquete de leyes anticorrupción se quedan cortas frente al grave problema que ese flagelo provoca a la sociedad en general.
Mientras los grupos parlamentarios presentaron en tribuna sus posturas sobre la reforma -a través del veto- que presentó el Ejecutivo federal, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, promovió entre las curules su propuesta de acción de inconstitucionalidad contra el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque “encierra la parte medular del combate a la corrupción”.
El diputado Castañeda argumentó ante los coordinadores del PAN, PRD y Morena la necesidad de controvertir el citado artículo, donde se establece, “que las declaraciones patrimoniales y de interés serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el comité coordinador (del sistema nacional anticorrupción), a propuesta del comité de participación ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
A decir del diputado Castañeda, el contenido del artículo 29 faculta a una instancia administrativa a decidir qué información de la contenida en las declaraciones patrimoniales debe ser protegida, por ser relativa a la vida privada y a los datos personales, en contravención al principio de reserva material de ley contenido en el artículo sexto de la Constitución.
“En razón de ello, el citado artículo resulta ineficaz y por tanto inconstitucional, toda vez que el legislador federal debió establecer de manera específica (taxativa) las excepciones a la confidencialidad de la información o al menos, los criterios generales bajo los cuales el comité coordinador debe analizar el ejercicio de ponderación para definir los formatos de las declaraciones.
Además existe una contradicción intrínseca en lo dispuesto en el artículo 29, pues, por un lado, sostiene la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses de todo servidor público, pero por el otro, condiciona tal publicidad a la posible afectación de la vida privada y de los datos personales”.
Así, los legisladores continúan dirimiendo el contenido de la minuta, enviada por el Senado, mientras en el lado de la oposición se prepara una acción de inconstitucionalidad que requiere 137 firmas para que tenga efectos legales y se envíe a la Suprema Corte.
