León Bendesky
En 2025 el producto en el país creció 0.8 por ciento y para 2026 se estima que podría crecer 1.5 por ciento. Las cifras son modestas. Lo que no se advierte todavía es que haya una base suficiente para impulsar la expansión productiva de modo significativo y, sobre todo, sostenible.
Una tasa de expansión productiva de 1.5 por ciento anual no puede provocar un desarrollo asentado en el empleo formal, la inversión y el bienestar, que sean compatibles con la solvencia de las finanzas públicas.
La actividad productiva, los dilemas de la política económica y social y el debate sobre las perspectivas del país están atoradas en ese apretado espacio de poco crecimiento.
La tasa de 1.5 por ciento al crecimiento del PIB que se toma ahora como referencia e incluso la tasa esperada para el año entrante, estimada hasta en 1.8 por ciento, no alcanzan para generar suficiente empleo y absorber a los entrantes al mercado laboral.
Esa restricción es la que enmarca la deficiencia primordial de la política económica en curso: no está diseñada para crear empleo y menos aún el empleo formal y, con ello, las condiciones adversas que se derivan para el sustento de los hogares y para el fisco.
De la misma manera, la expansión productiva esperada, no es suficiente para sostener en el mediano plazo los programas de combate a la pobreza y los asociados con las políticas sociales. En este caso, la política pública enfrenta inevitablemente una situación de rendimientos decrecientes; es decir, que la corriente de recursos que se destinan tiende a cumplir en menor medida los objetivos esperados.
Los programas sociales prioritarios ilustran la situación; su presupuesto equivale a 2.5 por ciento del PIB y se les han asignado desde 2019 recursos que superan los 4.5 billones de pesos, sin que exista un mecanismo de evaluación permanente de su funcionamiento, su gestión y su situación financiera.
Esto ya se advierte en las presiones expuestas en el proyecto de presupuesto del año entrante, así como en las tensiones financieras que surgen para mantener los programas sociales. El caso del denominado Jóvenes Construyendo el Futuro es ya un aviso.
Según se informa en el comunicado del IMSS del pasado 9 de octubre, en septiembre se crearon 128 mil 803 puestos de trabajo, lo que llevó el total en lo que va del año a 410 mil 200 puestos. Una referencia sobre las nuevas plazas requeridas para absorber la entrada anual al mercado de trabajo es de 100 mil puestos por mes (1.2 millones al año, según el criterio de la plataforma México. ¿Cómo vamos?).
Las mediciones de la ocupación que estima el Inegi son diversas y complejas. En lo que aquí respecta, lo relevante es que la tasa de informalidad laboral, considerada en términos fiscales, es del orden de 56 por ciento de la población ocupada, que representa más de 33 millones de trabajadores. Esto restringe la recaudación total de los impuestos, impone una carga excesiva a la prestación de servicios sociales, como los de la salud; presiona a los sistemas de pensiones muy desgastados ya de modo estructural y, paradójicamente, pone en entredicho la ampliación de los derechos laborales que se dice fortalecer. El caso es que en esta economía se sigue acumulando la informalidad.
El análisis del mercado laboral del país es muy elaborado y complejo. Las mediciones que se hacen tienden a mostrar una baja tasa de desempleo, que incluso suele compararse favorablemente con las mediciones de otros países, pero sin una correspondencia metodológica que lo sustente.
Puede, entonces, preguntarse: ¿Cuál es el estado real del mercado laboral en el país? ¿Cuál es la relación con los bajos niveles de productividad en la economía? ¿Cómo se vincula con la evolución del gasto en inversión, tanto de origen privado como público?
Estas cuestiones son claves para fijar los criterios de las políticas públicas, establecer los presupuestos y prever sus repercusiones económicas y sociales, como son las relativas a las reformas laborales que se han implementado. Aquí no caben confusiones, una cuestión es la validez en principio de los ajustes laborales (salario mínimo y jornada de trabajo) y otra es su ejecución.
Los efectos generales de estas medidas tienden a contener la creación de empleo formal por el alza significativa y en poco tiempo del costo de las nóminas. Así, llevan al límite la capacidad de resistencia de un gran conjunto de empresas pequeñas y medianas donde se genera la mayor parte del empleo.
La tasa de desempleo que reportó el Inegi en agosto pasado fue 3 por ciento de la población económicamente activa. El asunto es si esa reducida cifra tiene que ver con la calidad del empleo o, más bien, se asocia con las precarias condiciones de subsistencia de la gente que, por necesidad, tiene que trabajar en la informalidad y en ocupaciones mal pagadas. Esto es lo que se llama la paradoja del desempleo bajo. Y no cabe omitir esta situación como criterio en el análisis del mercado de trabajo.
La inversión es un componente imprescindible para fomentar el crecimiento económico y el empleo formal. Según el análisis del CIEP, la inversión pública ha crecido 21 por ciento en términos reales respecto a 2025, pero ha caído 6.5 por ciento frente a 2024. Califica el repunte observado como coyuntural, de modo que proyecta que el nivel caiga a 2.6 por ciento del PIB en los años siguientes en conjunción con fuentes de financiamiento insuficientes. Además de los problemas financieros y presupuestarios, hay condiciones que afectan a la inversión y al empleo formal y que no pueden desestimarse, como ocurre con los altos niveles de inseguridad pública en el país.
