Federico Anaya Gallardo
Lectora, la pervivencia de las viejas instituciones republicanas en EU ayuda a entender los cambios que el pueblo mexicano hizo en ellas desde 1824. Es práctico que los procesos electorales los organice la gobernación ejecutiva (tiene los censos, la burocracia y los recursos administrativos). Es razonable que la calificación final se tome por los representantes populares (en colegio electoral o en la legislatura). Hasta Madison, Hamilton y Hay, los muy conservadores publicistas detrás del Publius de El Federalista, estaban de acuerdo en todo esto. El control contra-mayoritario estaba en un Senado formado por gobernadores designados y en una Corte formada por la interacción de Presidencia y Senado. Sobre este diseño, México decidió que su Senado fuese electo (1876) y que la elección presidencial fuese directa (1911, aboliendo el colegio electoral, pero dejando a la cámara baja la calificación final, hasta 1991). Aunque el esquema madisoniano sigue vivo entre nosotros, ha sufrido grandes cambios.
En 1988, ante una participación popular inesperada y militante, el viejo esquema reventó. El PRI debió quemar urnas y sustituir paquetes electorales en muchas regiones para asegurarse a la mala la mitad más uno de los diputados en la cámara baja/colegio electoral. Tamaño desastre llevó a reformas que crearon el IFE (ahora llamado INE) y el tribunal electoral (que recibió la vieja función de calificar las elecciones). Al mismo tiempo, se eliminó el principio de un partido, un voto en el consejo general del IFE, asegurándole al ganador de la elección presidencial previa una mayoría proporcional a su triunfo. Es decir, el PRI de Salinas se quedó con la mitad más uno de los votos en el IFE.
En mi primer trabajo público, en 1986, tuve oportunidad de hablar con José Newman Valenzuela, entonces el director del Registro Nacional de Electores. Esta institución, por cierto, ya contaba con un órgano colegiado con representación de los partidos políticos con registro. Newman era un funcionario responsable y abierto. Pero era parte del viejo régimen (faltaban dos años para 1988). Recuerdo bien que me dijo algo así como: a la oposición le reconoceremos todo lo que gane, pero te aseguro que les va a costar mucho trabajo ganarlo. No me pareció mal, sino simple y llanamente realista. Newman se ha vuelto más reaccionario con el tiempo. Asumo que nunca creyó que los opositores ganasen mucho.
Madison y sus amigos de El Federalista no se hacían ilusiones respecto de los seres humanos. Eran realistas. Construyeron su sistema constitucional pensando en los defectos de los políticos y no en sus virtudes. Pesos y contrapesos existen para que los malos políticos no abusen demasiado. Una consecuencia de lo anterior es que cualquier cambio del sistema es necesariamente una negociación entre élites. Y estas élites sopesan no sólo sus intereses inmediatos sino que procuran calcular costos y beneficios de cualquier reforma en el mediano y el largo plazos.
Pongamos un ejemplo reciente: ¿cómo se deben contar los votos de los partidos de una coalición al traducirse votos por curules en la cámara? El arreglo negociado antes de 2012 permitía que el partido mayor de la coalición “prestara” candidatos a los partidos menores, a sabiendas que una vez instalada la cámara, esos “préstamos” retornarían al partido mayor –incrementando su bancada más allá de lo que la Ley preveía. Este esquema benefició al PRI en 2012 y 2015. No se modificó en 2018, cuando todas las coaliciones buscaban beneficiarse del mismo. Que nadie en las élites partidistas se haya quejado es una señal de que ni el PRI-PVEM-Panal ni el PAN-PRD-MC creyeron, al inicio de la campaña presidencial, que podía ganar la coalición construida alrededor de López Obrador. En este asunto, el mal resultado de su apuesta benefició a Morena en la primera legislatura del sexenio obradorista. Por supuesto, para la elección intermedia de 2021, la nueva oposición de derechas reclamó el fin de este arreglo. El INE reglamentó las cosas para evitar otra super-mayoría. Esto es algo que los consejeros electorales habían obviado hacer antes –lo que demuestra que el INE responde a los intereses de las élites partidistas. Y esto no es malo en sí mismo, sino un razonable resultado de la evolución pluralista de México.
Veamos ahora el caso de la revocatoria. Como ya oímos a Córdova Junior, esa institución de democracia participativa causa desconfianza a la élite académica. Pero a las élites partidistas de derechas les aterroriza. Sospechan –y tienen razón– que una revocatoria en contexto de un poder ejecutivo popular puede convertirse en su contrario. Han aprendido de la praxis latinoamericana. En 2004, las derechas venezolanas activaron la revocatoria de la nueva Constitución Bolivariana de 1999. (Un análisis de esta experiencia se puede ver en un ensayo de Maria Laura Eberhardt, en la Liga 1.) La apuesta les resultó desastrosa, pues el presidente ganó la votación con 59% de la ciudadanía votando por el NO y sólo 41% votando por el SÍ. Y esto, con 70% del padrón participando, pese a que en Venezuela (como en México) el voto no es obligatorio.
Cuando Córdova Junior habla de la revocatoria manipulándose en contra de gobiernos democráticamente electos, el primer ejemplo que viene a la mente es precisamente el caso venezolano de 2004. La oposición de derechas había intentado un golpe de Estado en 2002 y convocar a la revocación fue resultado de una negociación mediada por organismos internacionales –que se aseguraron que el árbitro electoral fuese mejorado y claramente independiente. Pese a ello, Chávez venció y pudo terminar su segundo mandato presidencial (2001-2007). Este resultado se explica en parte por la polarización social existente. Eberhardt reporta que “Chávez tenía su principal base de apoyo en los sectores socioeconómicos más bajos (55-64%), mientras que en los sectores más altos sólo contaba con un 14% de apoyo”.
En Venezuela 2004, dadas las condiciones mencionadas, la revocatoria se convirtió entonces en una aclamación “cesariana”. El término nos remite, lectora, de nuevo a los escritores estadunidenses de El Federalista. Para ellos, el desastre final de la República Romana fue la aparición de caudillos populares que, mediante la demagogia, socavaron las instituciones republicanas. Lo que Publius no explicaba a sus lectores es que la República Romana antes de eso estaba controlada por una élite cada vez más oligárquica, cada vez más incompetente y cada vez más egoísta. El primero de los caudillos populares, Cayo Mario, denunció a los fifís de su tiempo porque presumían el heroísmo de sus abuelos frente al heroísmo nuevo de gente común que, como él mismo, ganaba batallas en el exterior y hacía justicia en el interior. El sobrino de Mario, Cayo Julio César, heredó el mando del partido popular y ganó la guerra civil –que en realidad fue una larga guerra social. Los fifís vencidos llevan dos mil años llorando esa derrota… y ocultándonos que la República reformada por los cesarianos, pese a la terrible concentración de poder unipersonal y la pervivencia de la esclavitud, generó un régimen socioeconómico estable e integrador que benefició por tres siglos a toda la cuenca mediterránea y el occidente europeo.
Anécdota para reunir estos debates de milenios, de César hasta México pasando por Madison: el secretario técnico de la Comisión de Puntos Constiticionales del Senado de la República Mexicana cuando se discutió en 2019 integrar a nuestra Carta Magna la revocatoria y el impeachment contra el presidente, se llamaba Publio Rivera Rivas. Un magnífico jurista, y aparte, con un nombre muy adecuado. Hoy es secretario técnico de la Mesa Directiva de nuestra cámara alta.
Liga usada en este texto:
Liga 1:
https://www.redalyc.org/journal/5957/595764394004/html/
