Laura Gómez Flores
El Gobierno de la Ciudad de México informó que hubo “una evidente colusión de servidores públicos” en la fuga de Víctor Manuel Félix Beltrán, Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro, por lo que están rindiendo su declaración entre seis y 10 personas, entre los cuales están los custodios que terminaban su turno.
La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que “sí hay responsabilidad de cualquier tipo o nivel, habrá sanciones, esto no se va a quedar así”, porque los internos –que se presumen pertenecen al Cartel de Sinaloa- se encontraban en la zona 1, del área de ingreso, y tuvieron que pasar cinco rejas para salir del centro, presuntamente caminando.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación por estos hechos, registrados alrededor de las 8:00 y 8:10 horas, que fueron comunicados a su homóloga federal, pues estaban acusados por delitos federales y se había solicitado a jueces de ese ámbito su traslado a penales de máxima, sin lograrlo.
Acompañada del subsecretario de Sistema Penitenciario explicó que los centros capitalinos son preventivos y carecen de las medidas para atender a estos reos con perfil de alta peligrosidad, además de que pesaba sobre ellos una petición de extradición a Estados Unidos, en dos casos, desde 2017, y uno del año pasado.
Félix Beltrán ingresó al Reclusorio Sur el 28 de octubre de 2017 con fines de extradición por los delitos contra la salud y asociación delictuosa, entre otros; el 3 de noviembre se logró su traslado al penal del Altiplano, y por orden del juez federal Marcos Vargas Solano, regresó al Reclusorio Sur.
Mientras, el 10 de noviembre de 2017 ingresó a dicho penal Meza González, por órdenes del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, bajó procedimiento por los delitos de asociación delictuosa e introducción de sustancias controladas a Estados Unidos.
En el caso de Ozuna Navarro, también conocido como Julio César Estrada Montaño, Rubén o Julio, ingresó el 12 de octubre de 2019 a dicho reclusorio, por el delito de asociación delictuosa, lavado de dinero y distribución de sustancias controladas en los Estados Unidos, precisó la funcionaria.
La presencia de este perfil de peligrosidad de internos en los centros penitenciarios, donde suman 70, de 3 mil 400 que están por delitos federales, ha puesto en riesgo la seguridad de las personas privadas de la libertad que se encuentran ahí y afecta, por supuesto, la gobernabilidad, por eso se ha insistido en su traslado.
