- Inevitable abrir el expediente
- Obligado destapar la cloaca
Carlos Fernández-Vega
Sólo para dimensionar el tamaño del atraco, hay que recordar que en enero de 1995 el entonces gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, declaró que “sólo si es necesario” el gobierno inyectaría “no más de 50 millones de dólares” a los bancos “con problemas” (en realidad exprimidos y reventados por los amigos de Carlos Salinas de Gortari que se beneficiaron con la reprivatización de las instituciones financieras).
Treinta y un años después, los mexicanos han pagado alrededor de 112 mil millones de dólares (cerca de 2 billones de pesos, sólo por intereses) y aún adeudan algo así como 50 mil millones de billetes verdes (más de un billón de pesos). Entonces, el monto que se utilizaría “sólo si es necesario” a la fecha se ha incrementado 3 mil 240 veces, y contando.
En la interminable cuenta progresiva del Fobaproa, de los 50 millones de Mancera Aguayo (en 1995 equivalentes entonces a cerca de 400 millones de pesos), en su primer Informe de gobierno Ernesto Zedillo (1996) llegó a decir que el costo del Fobaproa (lo llamó “apoyo”) ascendía a “más de 180 mil millones de pesos”; en diciembre de 1998, los prianistas “legalizaron” el atraco y tal costo ya sumaba 552 mil millones. Y a estas alturas supera 3 billones de pesos (más 240 mil millones en pagarés a favor de los banqueros) sin que el barril se llene, porque en el fondo tiene un enorme agujero que se llama impunidad.
Otro daño “colateral” de la crisis bancaria de 1995 y el atraco del Fobaproa fue la extranjerización del sistema financiero otrora mexicano. Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, José Ángel Gurría, Vicente Fox y Francisco Gil Díaz, cuando menos, saben un rato del tema: 80 por ciento de los bancos “rescatados” terminaron en los haberes de las trasnacionales financieras, que los recibieron totalmente “saneados” por el gobierno de entonces. Y la venta fue totalmente libre de impuestos.
También en enero de 1995, ante los senadores de la República, Guillermo Ortiz, secretario zedillista de Hacienda (a la vez operador salinista de la privatización del sector), dijo que “una mayor participación de la banca extranjera en nuestro país va a ser útil, no solamente para fomentar mayor competencia y reducción de márgenes, sino para proveer en estas circunstancias difíciles en las que muchos bancos, sobre todo los de tamaño más reducido, tienen problemas para reconocer sus problemas de cartera vencida”.
Y juró por la patria “que en esta iniciativa no se está proponiendo entregar el sistema de pagos o la banca nacional a los extranjeros. Hoy en día la participación del conjunto de la banca extranjera en el mercado financiero nacional es de alrededor de 8 por ciento”. Y pocos años después llegó a 80 por ciento. ¿Y los mexicanos? Pagando el “rescate”.
Entonces, ahora que el impresentable Ricardo Salinas Pliego se retuerce en su intento por zafarse como beneficiario del Fobaproa, hay que aprovechar y atender una de sus propuestas: abrir el expediente Fobaproa-IPAB, examinarlo a detalle y actuar en consecuencia. No hacerlo sería convalidar el estercolero. Y nadie puede recurrir al viejo truco del secreto bancario, porque se trata de billones de pesos del erario, todo dinero de los mismos mexicanos, que han sido obligados a pagar por el “rescate”, recursos que han terminado en los bolsillos de los propios “rescatados”. Y será útil, también, destapar la cloaca del “matrimonio arreglado” entre funcionarios y magnates.
Que no quede en el discurso.
Las rebanadas del pastel
En calidad de asilada política llega a México Nadia Beller, ex pareja del ultraderechista Fernando Cerimedo –el de la “democracia de bots”–, cliente de Ricardo Salinas Pliego. A ver cómo se pone.
Esclarecer el “rescate” bancario se mantiene como una asignatura pendiente del Estado mexicano 31 años después de iniciado el saqueo de recursos públicos para beneficiar a una minoría rapaz y voraz ligada al poder político, y transcurrido el tiempo (en el cual los mexicanos no han dejado de pagar por la ilegal decisión de Ernesto Zedillo) todas las iniciativas para hacerlo –unas de dientes para fuera, otras serias y decididas– han sido bloqueadas por la misma mafia que aprobó el atraco a la nación conocido como Fobaproa, “legalizó” la deuda y creó la nueva máscara del “salvamento”, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Sólo para dimensionar el tamaño del atraco, hay que recordar que en enero de 1995 el entonces gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, declaró que “sólo si es necesario” el gobierno inyectaría “no más de 50 millones de dólares” a los bancos “con problemas” (en realidad exprimidos y reventados por los amigos de Carlos Salinas de Gortari que se beneficiaron con la reprivatización de las instituciones financieras).
Treinta y un años después, los mexicanos han pagado alrededor de 112 mil millones de dólares (cerca de 2 billones de pesos, sólo por intereses) y aún adeudan algo así como 50 mil millones de billetes verdes (más de un billón de pesos). Entonces, el monto que se utilizaría “sólo si es necesario” a la fecha se ha incrementado 3 mil 240 veces, y contando.
En la interminable cuenta progresiva del Fobaproa, de los 50 millones de Mancera Aguayo (en 1995 equivalentes entonces a cerca de 400 millones de pesos), en su primer Informe de gobierno Ernesto Zedillo (1996) llegó a decir que el costo del Fobaproa (lo llamó “apoyo”) ascendía a “más de 180 mil millones de pesos”; en diciembre de 1998, los prianistas “legalizaron” el atraco y tal costo ya sumaba 552 mil millones. Y a estas alturas supera 3 billones de pesos (más 240 mil millones en pagarés a favor de los banqueros) sin que el barril se llene, porque en el fondo tiene un enorme agujero que se llama impunidad.
Otro daño “colateral” de la crisis bancaria de 1995 y el atraco del Fobaproa fue la extranjerización del sistema financiero otrora mexicano. Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz, José Ángel Gurría, Vicente Fox y Francisco Gil Díaz, cuando menos, saben un rato del tema: 80 por ciento de los bancos “rescatados” terminaron en los haberes de las trasnacionales financieras, que los recibieron totalmente “saneados” por el gobierno de entonces. Y la venta fue totalmente libre de impuestos.
También en enero de 1995, ante los senadores de la República, Guillermo Ortiz, secretario zedillista de Hacienda (a la vez operador salinista de la privatización del sector), dijo que “una mayor participación de la banca extranjera en nuestro país va a ser útil, no solamente para fomentar mayor competencia y reducción de márgenes, sino para proveer en estas circunstancias difíciles en las que muchos bancos, sobre todo los de tamaño más reducido, tienen problemas para reconocer sus problemas de cartera vencida”.
Y juró por la patria “que en esta iniciativa no se está proponiendo entregar el sistema de pagos o la banca nacional a los extranjeros. Hoy en día la participación del conjunto de la banca extranjera en el mercado financiero nacional es de alrededor de 8 por ciento”. Y pocos años después llegó a 80 por ciento. ¿Y los mexicanos? Pagando el “rescate”.
Este capítulo de la historia reciente del país es aterrador y lo peor es que 31 años después persisten el atraco y la impunidad de los responsables, tanto del sector público como de la minoría rapaz y voraz, porque después de saquear las arcas nacionales con el Fobaproa, el festín ha seguido sin problema alguno, hasta la fecha.
Entonces, ahora que el impresentable Ricardo Salinas Pliego se retuerce en su intento por zafarse como beneficiario del Fobaproa, hay que aprovechar y atender una de sus propuestas: abrir el expediente Fobaproa-IPAB, examinarlo a detalle y actuar en consecuencia. No hacerlo sería convalidar el estercolero. Y nadie puede recurrir al viejo truco del secreto bancario, porque se trata de billones de pesos del erario, todo dinero de los mismos mexicanos, que han sido obligados a pagar por el “rescate”, recursos que han terminado en los bolsillos de los propios “rescatados”. Y será útil, también, destapar la cloaca del “matrimonio arreglado” entre funcionarios y magnates.
Que no quede en el discurso.
Las rebanadas del pastel
En calidad de asilada política llega a México Nadia Beller, ex pareja del ultraderechista Fernando Cerimedo –el de la “democracia de bots”–, cliente de Ricardo Salinas Pliego. A ver cómo se pone.
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