Carlos López Torres
Con el Decreto 563 de fecha 27 de diciembre de 2008, la Legislatura local autorizó a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez a constituirse como deudores solidarios de Interapas en la línea de crédito del programa Mejora Integral de Gestión (MIG) y afectar sus participaciones que en ingresos federales les corresponden en garantía de dicha línea de crédito.
Mucha agua ha corrido desde entonces, la mayor parte desperdiciada por las fugas de las avejentadas tuberías de la deficiente infraestructura citadina, mientras el organismo operador, el Interapas, sucumbía como proyecto hasta tocar fondo por su ineficiencia e ineficacia como prestador del servicio, acumulando un pasivo millonario enorme e incapacitado para administrar cobros, entre otras deficiencias consentidas por sus propios directivos, incluyendo básicamente a quienes integran el Consejo de Administración de dicho organismo.
No es que el Interapas vaya a ser rebasado para dar servicio a la zona metropolitana como lo vaticina el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Jesús Medina Salazar, en su afán por mantener vigente el programa MIG, sino que el llevado y traído proyecto resulta ya obsoleto y el organismo operador presidido por los alcaldes de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro, ha “tocado piso” como lo reconoce Ricardo Gallardo Juárez.
Ante la decisión externada por el alcalde de la capital, presidente a su vez del Consejo de Administración del fracasado organismo operador, en el sentido de dar por cancelado en definitiva el viejo proyecto del MIG, de poco o nada sirve la intervención de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, presidida por la diputada Graciela Gaitán Díaz, quien afirma que en entrevista con el director del Interapas, Alberto Zúñiga Herverth, éste se comprometió a presentar un nuevo proyecto ante la comisión del Legislativo que, dicho sea de paso, en todo este tiempo nunca intervino para supervisar el proyecto que nunca se llevó a cabo, aunque aún no se han perdido los 400 millones aportados por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
El tema MIG, por las implicaciones político-financieras que presenta, y dado el grave deterioro al que ha llegado el servicio de agua potable de cara al futuro inmediato, no debe seguirse manejando con información parcial, interesada y contradictoria. Lo que está en juego no es poco, se trata de un derecho humano constitucional de los usuarios y la población no respetado ni cumplido a cabalidad por las diferentes instancias gubernamentales, cuyos intereses, como en otros casos, tienen un fondo político-clientelar y no de atención a la inmensa mayoría de la población,
Ante el fracaso del mentado MIG se requiere no sólo la intervención del Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, de la CEA, el Interapas y su tolerante Consejo de Administración, sino de los afectados en su conjunto, usuarios y contribuyentes en general, así como la sociedad. El problema del agua debe ser analizado por todos. Cualquier paliativo o “solución” desde arriba, como ha quedado ya demostrado, irá nuevamente al fracaso.
