Carlos López Torres
Después del alud de ciudadanas y ciudadanos, quienes con su presencia callejera desbordaron la cacareada nueva gobernanza, aspiración que dicen tener los nuevos funcionarios, después del estrepitoso fracaso en esa materia de Toranzo y los últimos dos alcaldes tricolores que resultaron incapaces para gobernar la demarcación capitalina, el gobernador Juan Manuel Carreras López finalmente tomó la decisión de urgir al Congreso del Estado y al ayuntamiento capitalino a aplicar una regulación para las manifestaciones.
Aunque el gobernador alardea de que el tema es que el gobierno siempre prioriza el diálogo y la comunicación como vía de solución a los conflictos, lo cierto es que los problemas de fondo que han ocasionado la inundación de calles por parte de la diversidad ciudadana, no sólo son herencias de sus antecesores, sino resultado de las pésimas administraciones en los diversos niveles de gobierno padecidas por los potosinos, que han hecho caso omiso de la legislación vigente. Es decir, han contribuido al deterioro institucional con la consabida pérdida de confianza de la ciudadanía que se ve obligada a usar el recurso de la protesta y la movilización, con la esperanza de ver resueltos sus problemas, ancestrales o recientes.
No se puede tapar el sol con un dedo. En el caso de los policías estatales, el propio jefe de seguridad pública en el estado acepta la existencia de una serie de problemas no resueltos del todo a los elementos que se manifestaron, incluyendo el aumento salarial al que tienen derecho, por ejemplo.
Tampoco se puede negar que los maestros de telesecundaria, jubilados y en activo, han demostrado fehacientemente tener la razón cuando exigen al líder charro de la sección 26, a la SEGE y al gobierno de Carreras López, mediante la manifestación pública, que cumplan con los compromisos firmados de aportación para el fondo de vivienda y que se revise el sistema de pensiones, entre otras demandas que afectan el presente y futuro de ese combativo destacamento magisterial y sus familias.
Menos aún se puede restringir el derecho a salir a la calle a los cientos de opositores al tiradero de desechos tóxicos que pretende construir en Palula en empresario minero José Cerrillo Chowel, cuando se han omitido algunos procedimientos legales para otorgarle la licencia a quien en Villa de la Paz ocasionara un grave problema a los habitantes de ese municipio, derivado del incumplimiento a las normas en materia de contaminación ambiental.
O como en el caso del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural de Cerro de San Pedro, cuyos integrantes se enfrentan con la movilización al cacicazgo de la ex alcaldesa Rosaura Loredo y su marido Santos Arista, quienes no conformes con haberse enriquecido al amparo de la Minera San Xavier, todavía heredaron a su hijo Jesús Nava Loredo el cargo de presidente municipal, quien en su último vaivén violento arremetió contra la casa de cultura de la cabecera municipal, dizque para llevar a cabo algunas obras que justifiquen los 8.4 millones recibidas del Fondo Minero 2015, aunque asegura el alcalde formal del contaminado municipio que la minera canadiense se llevó más de lo que dejó al momento que dice desconocer detalles de la remediación.
Y qué decir de las frecuentes manifestaciones de los usuarios de Interapas, de la que Ricardo Gallardo Juárez es presidente del Consejo de Administración, o de las exigencias de la ciudadanía a los diputados incumplidos. No puede existir gobernanza en una entidad donde la omisión, la opacidad y la corrupción siguen siendo el pan nuestro… con la consabida impunidad.
