Renata Terrazas*
Esta semana se celebra en París la cumbre de gobierno abierto. México, por ser miembro desde 2011 de esta estrategia internacional, participa en este evento.
Gobierno abierto se ha convertido en un concepto empleado comúnmente por gobiernos alrededor del mundo; en el caso de nuestro país, al grado de formar parte del discurso político de gobernantes en los diferentes órdenes.
Para esta cumbre, México llega con un tercer plan de acción en proceso desde el cual se han identificado los compromisos más relevantes desde sociedad civil y gobierno federal.
Pero más allá de la explicación de los planes de acción y sus compromisos, vale la pena hacer una reflexión sobre los alcances del gobierno abierto en un país que se esfuerza por mantener sus acciones y decisiones en secrecía.
Al tiempo que buscamos construir espacios de diálogo y acción conjunta, hemos visto una reducción en el espacio público, y con él, del ejercicio de derechos de quienes habitamos este país.
Más allá de los ejercicios formales, México enfrenta uno de los retos más grandes de una democracia, y se refiere a la profundización de la misma, la cual viene acompañada por un estado de derecho y plena garantía a los derechos humanos.
Hablar de gobierno abierto debe referirse más que a un documento y compromisos palomeados, a una verdadera apertura gubernamental desde donde se someta al escrutinio público las decisiones sobre lo público.
Contrastan de los esfuerzos de este país por pertenecer a la Alianza para el Gobierno Abierto, las decisiones referentes al velo de opacidad construido alrededor de temas de gran calado nacional. ¿Acaso nuestros gobiernos se abrirán de manera exclusiva en los temas menores con poco impacto social?
Gobierno abierto debe significar un valor compartido en donde se actúe de cara al público y con amplia y plena participación social. Estamos en tiempos de urgencia nacional en donde el fortalecimiento de la institucionalidad debe realizarse desde los valores democráticos.
Tanto esfuerzo por construir marcos normativos y un diseño institucional que garantice la transparencia y combata la corrupción debe venir acompañado de una verdadera creación de espacios públicos para el diálogo y la toma de decisiones colaborativa.
Gobierno abierto debe significar más que el cumplimiento de algunos compromisos, debe traducirse en un impacto real en las relaciones de poder entre sociedad y gobierno.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
