Blanche Petrich
Ciudad de México. Para un numeroso colectivo de organizaciones civiles, principalmente de defensores de derechos humanos y de periodistas, el gobierno federal “ha abandonado a su suerte a los chihuahuenses”, según expresan en un pronunciamiento que dieron a conocer esta mañana, luego de deliberar sobre el impacto del asesinato de la corresponsal de La Jornada Miroslava Breach.
Las ongs, que en los últimos años han tenido fuerte presencia por su activismo contra la violencia, exigen la presencia de Roberto Campa Cifrián, subsecretario para los derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en Chihuahua: “Que se presente y ejecute el plan para esclarecer este asesinato.
En la proclama, que dieron a conocer la mañana de este viernes en el acto homenaje que tuvo lugar en la Cruz de Clavos, en la Plaza Hidalgo de la capital del estado, definen el homicidio de la periodista como un feminicidio y “un acto terrorista” que pretende disuadir a los periodistas documentar la operación y control del crimen organizado sobre varias regiones de la entidad y denunciar los hechos de corrupción perpetrados desde los poderes públicos.
Denuncian que los gobiernos estatal y federal no son capaces de garantizar “condiciones mínimas para el ejercicio pleno, libre y sin amenazas de la libertad de expresión” ni han podido “poner un hasta aquí a las incursiones del crimen organizado, acabar con el control que ejercen sobre las policías y varias dependencias de diversos municipios, ni terminar los enfrentamientos armados que ponen continuamente en peligro a la población civil”.
A las instituciones del gobierno federal les reclaman que no responden “a los llamados continuos para hacerse presente y evitar los desalojos de varios poblados serranos, forzados por las bandas criminales. Lejos de hacer vigente el estado de derecho, la Policía Federal y el Ejército brillan por su ausencia y por sus omisiones en perjuicio de la seguridad y la paz de la ciudadanía”.
Concluyen también que el asesinato de Miroslava Breach demuestra “el rotundo fracaso” del Mecanismo para la Protección de Defensoras, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, promovido por la Secretaría de Gobernación. Este recurso “no ha implicado ningún compromiso por parte de las autoridades federales y deja caer toda la responsabilidad y operatividad en la sociedad civil chihuahuense y en el gobierno del Estado”.
Al gobierno estatal, que encabeza Javier Corral, las ongs chihuahuenses demandan “un compromiso claro, categórico, público y eficaz” para que el crimen no quede impune y se esclarezca quien es el autor y sea castigado “con todo el peso de la ley”. Para lograrlo exigieron a Corral que ponga al frente del equipo investigador de la fiscalía a Pedro Díaz, perito internacional, fiscal en Colombia para la investigación de delitos de lesa humanidad de las organizaciones paramilitares” y actualmente coadyuvante para la creación de una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, que en el estado de Chihuahua tiene una de las tasas más altas del país.
