La Redacción
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos adjudicó un contrato sin licitación por 16.7 millones de dólares para adquirir 6 mil guantes capaces de administrar descargas eléctricas, una nueva herramienta de uso de la fuerza que la agencia pretende emplear para someter a personas que se resistan durante arrestos, traslados y disturbios en centros de detención, informó CBS News.
El contrato, firmado el pasado miércoles y hecho público este jueves, tuvo una duración de seis meses y fue otorgado a Compliant Technologies LLC, empresa con sede en Kentucky. Cada guante tuvo un costo de 2 mil 495 dólares, mientras el acuerdo también incluyó equipo de apoyo y servicios.
Los dispositivos, denominados GLOVE (Generated Low Output Voltage Emitter), funcionan como guantes convencionales hasta que el agente activa un mecanismo eléctrico. Al entrar en contacto directo con la piel, pueden producir una descarga dolorosa destinada a obligar a la persona a obedecer.
De acuerdo con los documentos de adquisición, el ICE clasificó los guantes como “dispositivos conductores de distracción y desescalada” y sostuvo que representarían una alternativa de menor impacto frente al uso de armas de fuego u otros medios de fuerza. La agencia señaló que podrían emplearse cuando una persona ofreciera resistencia activa o pasiva y los agentes necesitaran controlarla rápidamente.
El ICE argumentó que actualmente no cuenta con un dispositivo de uso de la fuerza sin armas que permita a sus agentes intervenir ante situaciones de resistencia y violencia. La agencia afirmó que la herramienta ayudaría a reducir el uso de la fuerza física y a evitar que algunos enfrentamientos escalaran hasta el empleo de armas potencialmente letales.
Los documentos señalaron que los guantes serían utilizados conforme a las políticas, requisitos de capacitación y mecanismos de rendición de cuentas de la agencia, aunque no detallaron cuáles serían esas salvaguardas ni los procedimientos específicos para supervisar su utilización.
Cuestionan riesgos y supervisión
La compra provocó críticas de legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los derechos civiles, que cuestionaron el empleo de un dispositivo capaz de provocar dolor mediante descargas eléctricas durante detenciones civiles por motivos migratorios.
La senadora Catherine Cortez Masto, de Nevada, y otros 15 senadores demócratas pidieron al ICE cancelar la adquisición y advirtieron sobre riesgos relacionados con la proporcionalidad del uso de la fuerza, la seguridad médica, los derechos constitucionales y la supervisión de los agentes.
Los legisladores también exigieron conocer las circunstancias en las que los agentes podrán utilizar los guantes, las medidas de seguridad, la capacitación requerida y los mecanismos para revisar posteriormente cada despliegue.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió la adquisición y acusó a sus críticos de intentar privar a los agentes federales de herramientas para protegerse. Un portavoz sostuvo que el ICE evalúa de manera constante las necesidades de su personal y que cualquier tecnología utilizada por la agencia debe cumplir con las políticas y normas policiales aplicables.
