Angélica Campillo
Han pasado alrededor de 20 meses desde que la delegación de la Procuraduría General de la República en San Luis Potosí inició la averiguación interpuesta por la primer síndico de la administración municipal 2012-2015, María Eugenia Rivera Fernández, en contra de los padres de familia de los alumnos de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, quienes se oponen a la entrada en funciones de la Subcomandancia Centro ubicada entre Uresti y Melchor Ocampo, sin que hasta la fecha exista una determinación al respecto, lo que causa incertidumbre en relación a la situación jurídica en la que se encuentran los acusados, manifestó el abogado que lleva el caso, Raúl Espínola Gutiérrez.
El representante legal, quien también fue acusado, aseveró que el clima generado con esa denuncia es de un claro estado de inseguridad, zozobra, temor, tortura sicológica y ansiedad que impacta en la familia y sobre todo en los menores de edad, de los que se ignora o no importa, por parte de la PGR, su calidad de vulnerabilidad.
Apuntó que la primer síndico del actual gobierno municipal, María Isabel González Tovar, quien ratificó la denuncia, no quiere tomar en cuenta que la vida de los niños, al no existir banquetas en la etapa de construcción de la Subcomandancia, estaba en peligro, puesto que tenían que transitar por el arroyo vehicular, situación que se constató por un notario público, y posteriormente se acreditó ante el juez federal y tribunal colegiado, instancias que concedieron la suspensión provisional para efectos de que se colocaran las banquetas, “sin embargo, supongo que mal entendida por la autoridad, deciden detener la obra”.
Manifestó que la síndico argumentó que la denominada Subcomandancia Centro está fuera de la zona de monumentos históricos y de la zona patrimonial declarada por la UNESCO, y pidió una sanción privativa de libertad para los padres de familia, así como hacia su persona, en razón de que la construcción es colindante a las mismas, “es decir, una zona de monumentos históricos, sin monumentos históricos qué resguardar, absurdo, ilógico, inconsecuente, pero además notoriamente distractor de la verdadera naturaleza del hecho y del peligro fundado y motivado en que se encontraban los niños”.
No obstante, dijo confiar en las autoridades, incluyendo a la síndico denunciante, quien como seguramente ya se percató, en el expediente del que desprende su denuncia, también se desglosan las irregularidades presumiblemente delictivas de funcionarios de la pasada administración, detectadas incluso por la Auditoría Superior de la Federación, relacionadas entre varias, con la forma y términos de adjudicación de la mencionada obra, “pero es probable que le resulte a la denunciante de mayor interés abogar por el interés social, en sustitución del interés superior del menor”, concluyó.
