Investigación plagada de violaciones
UASLP, lejos de ser un espacio seguro
Karla tenía más de 40 heridas en su cuerpo: la cabeza le sangraba, el labio inferior estaba amoratado, tenía uno de sus ojos tan hinchado que parecía “casi salido”, una pierna cortada, moretones y marcas en el cuello, pero, para las autoridades, su muerte fue un accidente; a pesar de que el Servicio Médico Legista encontró indicios que apuntaban a que Karla había sido víctima de una agresión sexual.
A unos meses de que se cumplan cinco años de homicidio, las organizaciones Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho dieron una conferencia de prensa para emitir un posicionamiento público para exigir a Juan Manuel Carreras que garantice la verdad, justicia y reparación para la familia de Karla Pontigo.
Hace casi cinco años, cuando Fernando Toranzo gobernaba San Luis Potosí y Miguel Ángel García Covarrubias era procurador de justicia, la investigación por la muerte de Karla Pontigo Lucciotto estuvo plagada de violaciones. No fueron consideradas heridas que indicaban acciones defensivas, la policía ministerial se presentó un día y medio después al lugar donde ocurrieron los hechos y en lugar de investigarlo siguiendo los protocolos de feminicidio, al caso se le dio el tratamiento de un homicidio culposo.
Por ese motivo, el principal sospechoso, Pedro Jorge Vasilakos Reyes, obtuvo la libertad bajo caución, de la cual goza desde hace varios años; aunque existen testimonios y mensajes de texto que señalaban que Karla fue víctima de acoso sexual de parte de su empleador. “Qué bonitas piernas, ¿a qué horas abren?” es una de las frases que Karla tenía que soportar para no perder el trabajo con el que se ayudaba a pagar sus estudios.
La politóloga Denise Dresser se sumó a la exigencia de justicia y le dedicó un mensaje al gobernador potosino, al procurador, Federico Garza Herrera y a Enrique Peña Nieto en el que dijo que las mujeres no son desechables. “Cada mujer raptada, violada, mutilada, pudo ser su hija. No basta traer la chequera pública para limpiar las cifras, negar la realidad, ofrecer salarios rosas. Por eso es imperativo atraer la atención. El gobierno está minimizando el asesinato de sus niñas, nunca persiguen a los que están matando a sus niñas”.
La contundencia de las palabras de Denise Dresser cala más profundo por el contexto que atraviesa el estado: mujeres que desaparecen y otras que “aparecen” muertas en moteles, en la calle, en terrenos baldíos con huellas claras de violencia o con los impactos, siempre violentos, de las armas de grueso calibre que perforan la seguridad y la confianza de una ciudadanía en riesgo de perder la capacidad de asombro por asumir la injusticia como parte de su cotidianeidad.
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Para muestra basta observar el desdén con el que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí aborda el creciente problema de acoso al interior de los espacios de su injerencia, donde todos los días se reproducen distintos tipos de violencia contra las mujeres, pero, en lugar de aceptarlo, las autoridades universitarias lo niegan o minimizan para no asumir los costos de enfrentarse a los agresores.
El rector, Manuel Fermín Villar Rubio, aseguró que la universidad no necesita un protocolo especial contra el acoso, porque cuando sucede “de alguna manera lo resuelven y tratan de que no se dé”. Tal vez lo que el rector quiso decir es que tratan que no se den a conocer en medios de comunicación los distintos casos de acoso que se presentan al interior, porque siempre será más fácil resolver lo que no se conoce públicamente.
Directores, profesores y él mismo están al tanto de los nombres de docentes y administrativos que acosan a las estudiantes. El no actuar en contra de ellos también se debe a los intereses económicos que existen y a que, en algunos casos, se trata de maestros que gozan de prestigio, aunque su excelencia académica sea proporcional al execrable modo de dirigirse a sus alumnas.
Como son tolerados, existen y se multiplican. En las facultades y en las unidades de posgrado donde utilizan su posición de privilegio para sostener relaciones con mujeres jóvenes, pero con la edad suficiente para argumentar que son dos adultos ejerciendo sus derechos con libertad; a pesar de que su relación se base en la subordinación de alumno frente a maestro.
La universidad está cada vez más lejos de ser ese espacio seguro que miles de familias potosinas habían idealizado, y continuará siendo así mientras los directivos prefieran invisibilizar el problema antes que sancionar a los acosadores y enfrentar una posible demanda laboral.
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Esta tarde a las 19:30 horas la integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta Urquidi, se presentará en El Colegio de San Luis para dialogar con los interesados en estrategias que sirvan para fortalecer el sistema con la participación de los ciudadanos.
El evento será en la sala Miguel Caldera y no tiene ningún costo.
(Redacción: Jaime Nava)
