María Elena Yrízar Arias
En el trascurso de los días entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre pasados se han cometido en San Luis Potosí 28 asesinatos, pero al parecer sólo en dos casos detuvieron a los involucrados.
Ayer se registró un intento de asalto en la colonia Jardín, en la esquina de avenida Himno Nacional y Juan de Oñate, en la capital potosina, cuando un vehículo con dos personas que previamente habían retirado dinero del banco, transitaba por el cruce señalado. Al hacer alto en el semáforo, se les aparejó una moto con dos individuos jóvenes que intentaron asaltarlos, sin embargo, uno de los ocupantes del vehículo, al darse cuenta de la pretensión de los motociclistas, frustro el ataque, ya que sacó una pistola y, al dispararla, hirió a uno de los presuntos asaltantes con dos balas a la altura del abdomen y también a una mujer que viajaba en un taxi, que transitaba por el mismo lugar. Lo curioso de este caso es que en días previos ya se había subido una fotografía de estos asaltantes a las redes sociales, que aparecen portando una pistola y habían sido denunciados como “un tipo está asaltando… tengan cuidado”.
Estos hechos demuestran que si los ciudadanos estamos inseguros, entonces nos tendremos que ver obligados a buscar la forma de defendernos en contra de la ineficiencia del gobierno ante el desbordamiento de la inseguridad. La persona que disparó ayer e hirió a uno de los asaltantes puede ser que sea un profesional de la seguridad privada, pero el común de los ciudadanos no podemos acceder a contar un guardaespaldas, pero además la obligación legal del gobierno es garantizarnos el Estado de Derecho.
El viernes pasado, en un municipio del Altiplano, en Moctezuma, fue asaltada la Comandancia de Policía Municipal sometiendo a los policías y al jefe de la policía de nombre Jaime Arredondo, lo que ya se había dado en las comunidades de El Barril y Dulce Grande del municipio de Villa de Ramos, por algunos civiles fuertemente armados. En Matehuala, en las últimas semanas han disparado ráfagas de tiros en una discoteca y la casa de un comerciante de teléfonos celulares. Lo más peligroso es la percepción que la ciudadanía tiene en estos lugares de las omisiones de las políticas policiales, porque si bien se anuncia que existe coordinación entre los diversos niveles de agrupaciones policiacas, la realidad, según algunos miembros de las corporaciones de Seguridad Pública Estatal, no es así. Ya que los delincuentes tienen mejores armas que ellos, mejores vehículos y, en cambio, los policías no se sienten verdaderamente protegidos por el gobierno del estado. Ellos aseguran que están en desventaja para enfrentarse a la llamada delincuencia organizada. Por la simple razón de que aseguran que los policías no están debidamente coordinados u organizados.
Ayer leímos las declaraciones de Jorge Daniel Hernández Delgadillo, delegado de la Secretaría de Gobernación, quien al ser interrogado sobre la problemática de inseguridad que prevalece en el estado, declaro: “Remarcamos que lo que se requiere en este momento es fortalecer el grado de coordinación entre Federación, el Estado y municipios. Cada quien debe asumir la responsabilidad que tiene”. Además, consideró que, aunque ha habido buena coordinación, a algunos alcaldes les falta “voluntad política” para atender la problemática. Asimismo, sentenció que “todos los municipios deben entender que para la seguridad del estado no únicamente se necesita tener policías y armamento, sino tener voluntad política de solucionar el conflicto, deben tener voluntad”. Mencionó, además, que el escenario de seguridad en el estado debería ser mejor en la medida que las autoridades de seguridad pública asuman el papel que tienen, a pesar de esto se tiene una bitácora en la que se asume totalmente que el gobierno del estado está cumpliendo con los esquemas de coordinación, tanto con la Federación como con los municipios, Hernández Delgadillo aseguró que no se puede minimizar ningún hecho de carácter delictivo, por lo cual las autoridades deben estar muy atentas y conscientes de que la sociedad potosina está revisando el trabajo de las corporaciones de seguridad.
La afirmación de que no existe voluntad política de los presidentes municipales para atender la problemática de inseguridad es muy genérica. Entonces, hay que ver por ejemplo a Villa de Guadalupe con 11 policías. La pregunta sería cómo podrían garantizar la seguridad. La voluntad política debe verse desde todos los niveles, por eso los mismos policías quieren ver el verdadero compromiso de las autoridades. Si no existe voluntad política, pues persuadan a esos presidentes municipales de la obligación que tienen de garantizar la seguridad, según el artículo 115, Fracción III, de la Constitución Política Federal, que dice que es obligación para los municipios garantizar la seguridad pública. Por lo tanto, no es falta de voluntad, más bien es la falta del cumplimiento de la legalidad que, desde luego, eso es otra cosas.
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