Pedro Miguel
El Departamento de Justicia de Estados Unidos secuestró al presidente Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico que se cayeron solos y ahora está tratando de inventarle otros; imputó al ex presidente cubano Raúl Castro, figura histórica, por una acción que, como el derribo de dos avionetas de “Hermanos al rescate”, una organización terrorista con sede en Miami, fue estricta y legítima defensa de la soberanía y del espacio aéreo cubanos; al mismo tiempo, tramita indultos para narcotraficantes de talla mundial, como el hondureño Juan Orlando Hernández; gestiona indemnizaciones pecuniarias para los golpistas que el 6 de enero trataron de quebrantar el orden legal del país y para autores de atentados terroristas contra clínicas de interrupción del embarazo, y asiste al presidente en sus querellas judiciales contra el gobierno que encabeza.
Por lo demás, no se tiene noticia de una sola investigación emprendida por esa dependencia en torno a las decenas de ejecuciones extrajudiciales ordenadas por Donald Trump contra presuntos narcotraficantes, tanto en el Caribe como en el Pacífico, o sobre la masacre de unas 160 niñas que murieron en su escuela, atacada por un misil Tomahawk disparado por la US Navy. Nada tampoco, desde luego, sobre la estafa con criptomonedas con la que Trump inauguró su segundo periodo presidencial, ni sobre los conflictos de interés del mandatario con los especuladores de futuros petroleros que se hincharon de billetes gracias a las fluctuaciones de los mercados internacionales provocadas por los alocados y contradictorios anuncios de la Casa Blanca en torno a su desastrosa guerra contra Irán.
Lo anterior tendría que bastar para concluir que en Estados Unidos el grupo gobernante es el más contumaz violador de las leyes y que la delincuencia, la corrupción y la impunidad tienen en las altas esferas políticas de Washington sus principales bastiones. Más aun, hay sobrados elementos para sostener que la superpotencia es un narcoestado: el mayor mercado de drogas del mundo, el mayor productor de opiáceos legales, la mayor lavandería del planeta, el principal proveedor de armamento para los cárteles, el gran protector de delincuentes (como el ya referido hondureño y los 269 mexicanos a los que se niega a extraditar), el mayor beneficiario de una política “antidrogas” utilizada como instrumento de injerencia y desestabilización de otros países, el que urdió un esquema de tráfico de cocaína (escándalo Irán-contras), el que abasteció al cártel de Sinaloa con miles de fusiles de asalto, el que negocia impunidad y protección con culpables para que acusen a inocentes, el que exige determinación para combatir el tráfico de estupefacientes en otras latitudes pero no hace nada significativo para frenarlo en su propio territorio, el que mantiene un sistema aduanal escandalosamente poroso (y corrupto) por el que pasan toneladas de drogas importadas sin que nadie lo note.
Sería injusto circunscribir este estado de cosas a la presidencia trumpiana.
El florecimiento del narcotráfico en Estados Unidos data cuando menos de las primeras décadas del siglo XIX; curiosamente, empezó como una maniobra para contrarrestar el déficit que ya para entonces padecía el país vecino en su balanza comercial con China, nación a la que compraba grandes cantidades de muebles, seda, té y otros productos, pero a la que no encontraba qué vender. La Oficina del Historiador (Office of the Historian) del Departamento de Estado, “responsable, por ley, de la preparación y publicación de la historia documental oficial de la política exterior de Estados Unidos”, cuenta que, para corregir tal situación, los comerciantes estadunidenses copiaron a los británicos, quienes “ya habían descubierto un gran mercado en el sur de China para el opio de contrabando”, y recurrieron al trasiego de esa droga “para complementar sus exportaciones a China. Más allá de los problemas de salud relacionados con la adicción al opio, el creciente comercio de opio con las potencias occidentales significó que, por primera vez, China importara más bienes de los que exportaba”. A la postre, ese negocio desembocó en las Guerras del Opio (https://is.gd/Asn8mV).
El compartir 3 mil 145 kilómetros de frontera con un país en manos de un conglomerado de intereses corporativos, industriales, políticos y mafiosos, y que es aún la mayor economía y que solía ser hasta este año la mayor potencia militar del mundo, constituye un serio desafío para México. Gestionar la relación no ha sido nunca una tarea sencilla, y menos cuando su presidente se empeña en desarticularlo, chapotea en las aguas tóxicas de sus propios fracasos y gobierna a punta de ocurrencias tácticas pero carece de una estrategia definida. En tales circunstancias es de fundamental importancia consolidar y fortalecer el marco legal del país y su vigencia. En otros términos, lo más sensato que se puede hacer ante un narcoestado es vivir en un estado de derecho.
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