La clase política potosina ha evidenciado en días recientes su falta de calidad y algunos han mostrado groseras resistencias contra la transparencia y rendición de cuentas. Desde compras absurdas facturadas por varios diputados que no corresponden a sus labores legislativas, hasta abiertas resistencias de algunos de estos políticos a presentar su declaración 3 de 3; esta, una iniciativa nacional impulsada por ciudadanos que busca que la clase política transparente tres documentos 1) su declaración patrimonial para saber cuánto tienen, 2) su declaración de intereses para saber dónde han trabajado y quiénes son sus compadres, amigos o prestamistas, y 3) su declaración fiscal para que no solo se gasten nuestros impuestos sino que también contribuyan a pagarlos[1].
Si escuchamos cuáles son los argumentos que presentan algunos de estos políticos para resistirse a transparentar sus cuentas encontramos razonamientos absurdos. Como que “hacerlo es muy riesgoso” o que les da miedo presentar esas cuentas, pues como dijo el Secretario de Finanzas de SLP “le da miedo que le pongan una pistola en la cabeza”[2], tales argumentos no son congruentes ni válidos en un funcionario público. Pues su actividad política y de gobierno se resguarda por un Estado de Derecho que debe proteger a todos los ciudadanos. Entonces si estos temen transparentar sus actuaciones y cuentas demuestran que no confían en las instituciones que dicen representar. O que el Estado de Derecho es un mero ideal fallido.
Sobre lo anterior es válido preguntar ¿por qué están ejerciendo una actividad pública si se sienten cómodos con la opacidad, cuando en el ejercicio de la política se demanda una mayor transparencia? Si les gustan los altos ingresos mensuales y hacer negocios o ejercer la actividad empresarial privada, entonces por qué no se quedan ahí en vez de declarar tales absurdos cuando ejercen funciones públicas.
Ahora bien, estas actitudes se explican porque la clase política actual es resultado de una transición democrática que condujo de un sistema político autoritario y sin competencia partidaria a una mera democracia electoral. Empero, este proceso de transición política no condujo a la transformación del régimen autoritario priista, o a la aplicación efectiva de derechos humanos y a la abolición de privilegios injustos para los integrantes de la clase política. Más bien, los privilegios especiales del régimen del priismo hegemónico y sus entes corporativos se trasladaron a la clase política de todos los partidos, creando una suerte de “nobleza política” en todos los niveles de gobierno.
Esto explica porqué al menos seis diputados integrantes de la actual legislatura local[3] se nieguen a presentar su declaración tres de tres y mucho menos acepten que se les retire el fuero. Y si bien el fuero se concibió con la idea de ser una figura institucional que protegiese la capacidad de voz y denuncia de los legisladores para que puedan cumplir sin amenazas su función representativa. En la práctica actual el fuero ha sido el pretexto perfecto para que los políticos y funcionarios actúen en la ilegalidad y aprovechen ventajas injustas a su favor sirviéndose de su cargo. Y por estas desviaciones que se han generalizado en la práctica y alejado de su sentido institucional original, es necesario que sea abolido para demostrar que la actividad política no es de privilegios especiales y que los legisladores teman ser castigados de incurrir en prácticas ilegales y corruptas.
Ahora bien, la corrupción política se ha vuelto un problema de difícil solución. Pues esta se ha convertido en una parte funcional de las reglas institucionales endebles de nuestro sistema político. Y en México y en nuestro Estado son muchas las debilidades estructurales que impiden que el ciudadano ejerza un papel de agencia efectivo. Es decir, que más allá de ser un votante pasivo y que delega cada tres y seis años las decisiones políticas a los políticos profesionales, este sea un agente activo e involucrado en la política que afecta a su comunidad.
En contra parte, la lógica de la mayoría de la clase política es seguir gestionando los problemas de emergencia mal y de uno a uno. Saliendo del paso, tratando a las personas no como ciudadanos sino como meros clientes políticos. Así es como se otorgan privilegios particularizados los cuales son clientelares. En razón de esto las personas que entran en este juego de corrupción funcional, no actúan como ciudadanos sino como gobernados o súbditos. Exigen que se les resuelvan los problemas ya que se asumen como votantes necesarios para esos políticos ineficientes. Ejercen sus peticiones desde una posición victimizada que no sale de tal condición. En vez de ejercer sus derechos políticos ciudadanos con un trato entre iguales.
Así es como la lógica del mandato imperativo sigue vigente hasta hoy en la práctica, y el “gobernar para todos” es un lema retórico. Estas prácticas de mandato imperativo implican que los gobernantes solo atiendan a un grupo social específico que los conduce al poder ya sean estos sus votantes en masa, o actores con poderosos intereses económicos que necesitan para patrocinar sus carreras políticas a cambio de ventajas corruptas para los dueños de tales intereses.
Se confunde la rendición de cuentas y algunos alcaldes como el de la capital, piensan que es tener una política fastuosa de “pan y circo”. Piensan que cumplen organizando y gastando mucho dinero en traer a grupos musicales muy populares, en vez de transparentar sus cuentas y aclarar la identidad de sus dudosos proveedores. Su legitimidad la calculan trayendo espectáculo, y esperando la simpatía popular. Así bien esta práctica es clientelar en vez de populista. Gallardo no es populista, y aunque tenga rasgos confortativos en su discurso, en la práctica piensa al modo del viejo régimen priísta. Distribuir beneficios particulares para construir clientelas electorales que consoliden su carrera política.
En conclusión la política y la democracia requieren de ciudadanos. De su papel como agentes activos en la política, pues son su insumo principal. Solo desde los esfuerzos ciudadanos organizados podemos demandar cambios puntuales y mínimos para abolir privilegios injustos y empezar a combatir la corrupción. Esa es una tarea ineludible de los que estamos en la calle y no en los puestos políticos hasta ahora intocables.
[1] Véase: https://www.youtube.com/watch?v=EQIGJmQ7UyA
[2] http://globalmedia.mx/noticia/81066/niega-ugalde-publicar-3de3-teme-una-pistola-en-la-cabeza
[3] Según la página de Facebook de Ciudadanos Observando, (https://www.facebook.com/ciudadanos.observando/photos_stream), seis diputados, dos del PRI: Bautista y Segovia; uno del PAN: Calzada; Uno de Conciencia Popular: Vera; Uno del PRD: Desfassiux y uno del PT: Belmárez. En SLP se manifestaron de manera explícita contra la iniciativa 3 de 3 y la abolición al fuero político.
