Guillermo Luévano Bustamante
En 1973 Gastón García Cantú publicó un libro denominado Universidad y antiuniversidad en el que denunciaba como prácticas antiuniversitarias las intromisiones gubernamentales contra el desarrollo de las actividades esenciales de las universidades públicas en México, en los casos más violentos con intervenciones militares y policiacas en espacios académicos, sobre todo en los años setenta del siglo XX.
Es verdad que las universidades como producto de la modernidad occidental responden a una lógica ilustrada y no han sido, salvo excepcionalmente, instituciones populares, pero aun así se han constituido como espacios para la conciencia crítica de la sociedad. Por ello en el país las universidades públicas han sido constantemente territorios en disputa que los gobiernos buscan someter para hacer confluir sus intereses con los de la racionalidad científica que representan las instituciones de educación superior. Como dice Bonvecchio en El mito de la Universidad se busca hacer confluir a la razón (moderna, liberal, capitalista) con el Estado y con el individuo. El impulso gubernamental favorece la conversión de la educación en una habilitación para el instrumentalismo capitalista y el Estado descuida e inhibe dolosamente la formación crítica, la reflexión política, el pensamiento en las humanidades y en las artes, y promueve que la enseñanza tecnológica esté orientada menos al servicio popular y comunitario y más a la vinculación con las empresas privadas y el “mundo productivo”.
Llama la atención que en los meses recientes estemos asistiendo a nuevos embates contra las universidades públicas en México, que vistos panorámicamente exhiben zarpazos autoritarios de los gobiernos locales contra la educación superior y sus actividades asociadas: la investigación, la vinculación, la gestión, la divulgación del conocimiento.
El gobierno del estado de Veracruz adeuda dos mil millones de pesos a la Universidad pública de esa entidad, y ese es un modo de sofocar sus actividades ordinarias, en tanto que no ha depositado el dinero correspondiente a la partida de 2016. Las y los universitarios veracruzanos han salido a las calles a demandar el cumplimiento de las obligaciones del gobierno con su academia pública. La rectora, Sara Ladrón de Guevara, ha sido enfática en denunciar las evasivas del gobernador veracruzano, sobre quien recaen ya numerosas acusaciones de autoritarismo y complicidad en las agresiones contra periodistas y activistas que cuestionan su administración.
El 4 de marzo pasado el sindicato de la Universidad Autónoma de Querétaro estalló una huelga por incumplimiento al contrato colectivo de trabajo que rige sus relaciones laborales. Su rector, Gilberto Herrera, ha dicho que la omisión se origina a su vez en el raquítico aumento presupuestal del gobierno queretano quien habría ofrecido aumentar el presupuesto 10 por ciento y sólo se concretó 3 por ciento.
En los días recientes asistimos a diversos embates que desde el Poder Legislativo se dirigieron contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No es un asunto menor ni de sensibilidades frágiles, es un hecho que hay actores políticos que preferirían intervenir más abiertamente en los designios de la Universidad pública potosina. Los señalamientos ramplones del diputado Sergio Desfassiux, las “inocentes” opiniones del diputado Gerardo Serrano sobre las decisiones universitarias, y los “desaires” contra la Universidad, exponen el riesgo siempre latente de que los partidos políticos y los gobiernos se inmiscuyan en las deliberaciones que se llevan a cabo en el ámbito académico.
Por supuesto que la Universidad tiene mucho que mejorar, pero ha de ser la comunidad universitaria la que resuelva cómo hacerlo. Defender la autonomía es defender ese derecho de las y los universitarios, es fortalecer el blindaje contra las mezquindades de quienes señalan antidemocracia y proceden de partidos políticos que no suelen ejercer la democracia como práctica continuada.
No se trata de actos aislados, se trata de una nueva oleada de políticas antiuniversitarias que promueven gobiernos y partidos a quienes irrita la conciencia crítica que simboliza la Universidad, a quienes disgusta el quehacer científico, la formación educativa que posibilita una ciudadanía más enterada y más incómoda para quienes ejercen el poder político.
@guillerluevano
