Carlos López Torres

El crecimiento urbano desordenado de ciudades como San Luis Potosí, no sólo genera mayor demanda de servicios de sus habitantes en crecimiento constante, sino de manera específica en materia de seguridad pública, obligan a una profunda renovación de la corporación policiaca municipal.

No es tarea fácil en una ciudad ubicada estratégicamente en el centro del país, contar con un servicio de seguridad pública que dé respuesta satisfactoria a los múltiples problemas que tienen que ver con la prevención y vigilancia del delito, sobre todo en estos tiempos en que las instituciones encargadas del orden se han vuelto vulnerables al accionar cotidiano de la delincuencia organizada.

Los tiempos del San Luis tranquilo son cosa del pasado, como ha quedado demostrado en los últimos 10 años, aunque aún existe la negativa de los tres niveles de gobierno sobre el reconocimiento de la implantación de grupos delictivos relacionados con el narco en la entidad.

Ello fortalece en la práctica las actitudes omisas y permisivas, que tienden a reproducirse en los servidores públicos subordinados, supuestamente encargados de guardar el orden, perseguir el delito o procurar justicia.

La impunidad a su vez, genera distanciamiento entre la autoridad y el ciudadano, desconfianza sobre el actuar de los agentes de las diversas corporaciones, así como ante los representantes de la sociedad encargados de dicha procuración.

El rol de la policía municipal en ese contexto recobra mayor importancia, por lo que el mando único tal y como lo conciben Peña Nieto y la procuradora Arely Gómez, no resolvería la necesidad de llevar a cabo una renovación profunda de las corporaciones policiacas municipales, amén de centralizar el control de mandos y agentes, para dejarlos en manos de funcionarios todavía más distantes a la ciudadanía.

La reforma para instaurar el mando único policial, independientemente de las modificaciones que se le hagan en el Senado de la República, deberá asegurar, como lo sugieren algunos senadores, que no son precisamente los potosinos a quienes pareciera importarles poco lo que ocurre en San Luis en esa materia, el rediseño de los esquemas de supervisión, los de control de confianza, dada la alta reprobación existente de policías en la entidad, así como la permanente evaluación que derive en la permanencia de los integrantes de las corporaciones municipales.

La tarea encomendada al nuevo comisario de Seguridad Pública Municipal de la capital no es cosa sencilla. No se trata, como lo ha mencionado Antonio Garza Nieto, titular de la dependencia, de no fallarle al alcalde o a la ciudadanía. Aunque particularmente es importante trabajar a favor de la comunidad de contribuyentes y usuarios, ello no será posible sin una regeneración de los agentes municipales del orden.

Casos como el del joven baleado hace unos días, o el de las detenciones arbitrarias de ciudadanos, especialmente jóvenes, o ya en el colmo de los hechos de allanamientos e incomunicaciones y torturas a los detenidos, lo único que hacen es ahondar el distanciamiento de la población polarizando las relaciones entre policías y ciudadanos, impidiendo cualquier procedimiento de uso de la inteligencia poco practicada por las corporaciones de los dos niveles de gobierno en la entidad, en el combate a la delincuencia organizada en el estado.

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