Renata Terrazas*
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PPEF2017), entregado en días pasados a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo Federal es aproximadamente 73 mil millones de pesos mayor que el presupuesto aprobado el año anterior. Sin embargo, el aumento en términos reales –una vez que se haya deflactado–, se convierte en reducción por más de 200 mil millones de pesos.
De las cinco categorías generales que integran el presupuesto (A-ramos autónomos, B-ramos administrativos, C-ramos generales, D-entidades sujetas a control presupuestario directo, y E-empresas productivas del estado), la mayor reducción la encontramos en los ramos administrativos, con un decrecimiento real de más de 150 mil millones de pesos. Esta categoría la comprenden las secretarías de estado y los órganos reguladores coordinados en materia energética.
Las secretarías que más sufrirán el recorte son: Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con -39.6%, Secretaría de Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con -37.5% cada una, Turismo con -35%, SAGARPA con -29.1%, Comunicaciones y Transportes con -28.5%, CONACYT con -23.3% y Trabajo y Previsión Social con -21.8%.
Para la categoría de ramos autónomos, en términos reales todos reciben un incremento en su presupuesto a excepción del Inegi con -8.6% de incremento, el Instituto Federal de Telecomunicaciones con -4.2%, el INE con -3.8 y el INAI con -1.3%
De toda esta información podemos inferir un par de cosas. La principal, me parece, es la dificultad con la que nuestra economía está creciendo desde hace varios años, lo que nos lleva a un presupuesto que en términos reales se reduce en comparación del año anterior. Según datos del Inegi, el crecimiento del PIB ha decrecido sustancialmente desde el año 2013, en donde el promedio de crecimiento no alcanza siquiera el 3% como en los 3 años anteriores (2010-2012).
También podemos observar una tremenda reducción del presupuesto para las secretarías encargadas de la actividad económica y productiva del país, así como aquella destinada a la protección del medio ambiente. Tema que resulta irónico una vez que el gobierno federal acaba de refrendar su compromiso para el combate al cambio climático, decisión que viene acompañada de una disminución del presupuesto para la Semarnat y una continua apuesta por la industria extractiva del país.
Llama la atención que posterior a la reforma de transparencia y la creación de la Ley General, la cual trae consigo grandes compromisos y responsabilidades por parte del estado mexicano, se disminuya el presupuesto para el organismo garante de la transparencia, el INAI, y para el Inegi, el cual forma parte del Sistema Nacional de Transparencia.
Queda claro que nos encontramos en un momento en el que se está buscando recortar de cualquier parte, sin embargo queda la duda si los recortes representan la única posibilidad de los gobiernos o acaso fuera preferible una mejor recaudación fiscal en donde se eliminen los paraísos fiscales para los ricos y una mejor distribución del presupuesto en donde los recursos se destinen a la garantía de derechos y no a la conservación del poder.
El discurso de la falta de recursos tendrá que ser contrastado con la realidad; deberemos comparar los presupuestos de dependencias encargadas a la vigilancia de derechos frente a los presupuestos destinados a partidos políticos o a conceptos inútiles como los de publicidad oficial.
Queda claro que en México carecemos de justicia fiscal desde la cual se construya un país garante de derechos en el que avancemos hacia una sociedad más equitativa y justa.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
