Óscar G. Chávez
Ya son dos semanas consecutivas en que han aparecido en el periódico Reporte Índigo, notas referentes a la conducta y desempeño públicos del alcalde de la capital potosina, Ricardo Gallardo Juárez. Aunque la labor del referido medio es informativa, resulta curioso que un medio nacional observe con especial atención la labor del edil que, al menos al día de hoy, no ha generado alguna nota de trascendencia nacional.
Nada nuevo, al menos para los potosinos, se aporta en ellas; aunque no pasa desapercibido que en los textos le endilguen calificativos muy propios de este bífido entorno. En repetidas ocasiones durante lo que va de su gestión como alcalde, Ricardo Gallardo ha sido presentado por algunos medios locales como un caciquillo pueblerino, de estilos semejantes a algún personaje de Rius.
Aunque a nivel nacional ya Ciro Gómez Leyva y Francisco Garfias han aportado lo suyo, pareciera que en esta ocasión lo que se presenta a la opinión pública es fuego amigo, auspiciado y dirigido desde las entrañas de su partido. Cierto es que su persona y séquito inmediato pueden garantizar una permanencia prolongada en cargos de elección popular, al Partido de la Revolución Democrática, sectores del mismo partido consideran como perjudicial la figura del alcalde potosino.
Quien dirigió la operación periodística supo cómo plantearla: una muy atractiva y grotesca portada, inspirada en la película La ley de Herodes; luego las tres páginas que se le dedican en las versiones impresa y electrónica, dan un puntual seguimiento a su trayectoria como alcalde de Soledad y San Luis Potosí.
Las notas completas en: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/san-luis-potosi-corrupcion-impunidad-ricardo-gallardo-opacidad,
Todo parece originado por la inexistente transparencia en el manejo de los recursos públicos, generada por la autocrática personalidad del Don Perpetuo potosino. Alianzas, asignaciones directas de obra, consensos, contratos, despidos, licitaciones, negociaciones, votos, todos se generan en lo oscurito, dejando de lado a un cabildo incapaz e inoperante en el que la mayoría de sus miembros se encuentran controlados por el alcalde, o bien si no se encuentran amedrentados, su figura es meramente decorativa por encontrarse superados por los anteriores.
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Lo oscurito se ha extendido del palacio municipal y del edificio de su unidad administrativa a gran parte del primer cuadro de la ciudad; varias de las plazas y sus calles aledañas se encuentran ennegrecidas por una oscuridad total. Quizá el revés en el caso Panavi oscureció los sueños de los inversionistas interesados en el asunto, y el alcalde cobra venganza en la ciudadanía.
Lo de menos son las parejitas lúbridas y concupiscentes que al amparo de esa negritud satisfarán sus furores genitales; lo de más será el incremento de la inseguridad al que queda expuesta la integridad de quienes transiten esas calles. Ya desde principios del siglo XVII el cabildo potosino expresaba su preocupación por las penumbras nocturnas en que se encontraba sumergida la ciudad, y por la alta comisión de callejeros delitos que ofendían a ambas majestades.
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Si bien no es materia de alumbrado pero sí de oscuridad, pareciera que a semejanza del palacio grande (que en realidad es pequeño), el palacio de gobierno se encuentra invadido por el mismo padecimiento: la falta de transparencia ha sentado sus reales en los principales despachos de ese edificio. Todo es misterio y discreción, lo poco que llega a conocerse en el exterior se debe a chismes e intrigas palaciegas vertidos y escuchados tras pesados cortinajes.
Ya quedaron en el pasado las oscuras negociaciones para lograr la salida de casi todos los legisladores involucrados en el –ese sí– iluminado escándalo de corrupción; también quedaron ocultas las formas en que se evitó la toma de la tribuna legislativa por parte de los inconformes; nadie sabe y nadie supo (al menos por ahora) cómo se consiguió la antes imposible renuncia del auditor mayor. Seguro en lo inmediato tampoco nos enteraremos qué es lo que pide Manuel Barrera Guillén, que no se lo han concedido, para presentar su solicitud de licencia.
A aquellos se suma, y es el tema del momento, el silencio que se ha impuesto sobre los acuerdos realizados entre el gobierno del Estado y la empresa Ford; pues aunque sabemos que a manera de indemnización por la cancelación del contrato, la automotriz entregó 65 millones de dólares al erario, nada indica que esta sea la cantidad final. Tampoco sabemos bajo qué cláusulas se estipularon las sanciones en caso de incumplimiento por alguna de las partes.
La reserva y confidencialidad impuestas en un inicio ya no tienen razón de ser; al ser cancelado el acuerdo debería concluir la secrecía. Ni siquiera las grandes presas son impermeables en totalidad, nunca falta alguna fuga.
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Y si en los ejecutivos y legislativo está presente la falta de transparencia y las turbias negociaciones, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (a mayor nombre pensaríamos mayor eficiencia) tampoco es ajeno a estas grillas. Y para no desentonar con el título de esta columna, lo ahí ocurrido se mantiene también en lo oscurito.
Al menos no ha trascendido a medios o no han querido hacerlo público, salvo el portal electrónico Astrolabio que le dedicó atención hace semanas, que la consejera Claudia Josefina Contreras Páez ganó en definitiva un litigio que sostenía con el pleno del Ceepac, relacionado con su encargo como consejera electoral y la licencia sin goce de sueldo como jefa de la Unidad de Transparencia y Documentación del mismo organismo. El litigio que fue resuelto por los magistrados de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SM/JDC/187/2017), y fue votado por unanimidad.
En la resolución el organismo jurisdiccional destaca que la consejera incómoda no puede ser compelida por sus pares consejeros a que decida si continúa en su cargo –irrenunciable, por cierto–, o se reintegra como jefa de la Unidad de Transparencia, ya que cuenta con un derecho laboral adquirido, que es la licencia sin goce de sueldo, conferido por la consejera presidente, Laura Fonseca Leal, y por ello revoca el acuerdo plenario que la instaba en ese sentido, y todas sus consecuencias legales, así como la sentencia del Tribunal Electoral del San Luis Potosí en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (TESLP/JDC/02/2017).
Trasciende que el Tribunal Federal ordena en la sentencia una investigación por parte del Instituto Nacional Electoral, para que en el caso de que se acredite violencia laboral o de género en contra de la consejera, sea sancionada la conducta de quien lo generó.
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Todos los anteriores son dichos escuchados en corrillos, mesas cafeteras o barras mezcaleras, y aunque pudieran parecer chismes es más que cierto que la falta de transparencia es una constante en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes. Los escandalitos en la agencia de colocaciones familiares que es el Ceepac no son cosa menor, estamos a dos meses de que inicie el proceso electoral de 2018, y puede salir algo más. Mientras que algún acomedido diga al gober que más están tardando en ocultar y maquillar sus enjuagues que algún notorio notario en conseguir la información y hacerla del conocimiento público. ¿Qué no le habrán enseñado que secretearse es de mala educación? ¿Qué dirán los Meade y el padre Peñalosa?
