Antonio Heras
Mexicali, BC. Un grupo de ciudadanos organizados para la defensa del agua solicitaron al Instituto Estatal Electoral que se realice un plebiscito estatal para someter a consulta la autorización del estudio de impacto ambiental que otorgó el gobierno de Baja California a la empresa cervecera Constellation Brands para su instalación en el Valle de Mexicali.
Desde febrero de 2017, activistas de diversos organismos de defensa del agua y de resistencia civil se pronunciaron en contra de la privatización del agua y la instalación de esta empresa estadunidense en el ejido El Choropo. En las protestas se han registrado enfrentamientos entre policías y activistas que han devenido en denuncias ante el Ministerio Público y procesos penales por ultrajes y otros delitos.
El abogado Daniel Solorio de la organización de la sociedad civil Mexicali Conciente, Jesús Filiberto Rubio y otros activistas arribaron a la sede del organismo electoral para entregar la solicitud de la consulta a fin de cumplir con los términos de la Ley de Participación Social, y así determinar la procedencia de esta autorización que hizo la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado para que la planta opere y produzca cerveza que tendrá como punto de venta Estados Unidos, pero que en su operación usaría agua del Río Colorado que en un principio está destinada a agricultores.
Después de la entrega de la solicitud en la Oficialía de Partes, el secretario Ejecutivo del IEEBC Raúl Guzmán recibió a los peticionarios para explicarles que se iniciará la revisión de firmas de apoyo que, de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, se requiere de por lo menos el 0.5% del padrón electoral.
En la entidad, el padrón electoral es de un millón 700 mil ciudadanos, por lo que los solicitantes entregaron 12 mil 300 firmas de apoyo que exigen la cancelación de este proyecto de Constellation Brands, afincada en territorio bajacaliforniano.
Una vez que se comprobara que se cumple con el requisito de apoyos ciudadanos para realizar el plebiscito, Guzmán dijo que se remitiría al Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar que las firmas se encuentren en el Listado Nominal, para después tramitar en el Congreso del Estado una ampliación presupuestal con el objetivo de efectuar este instrumento de participación ciudadana, que se calcula en 20 millones de pesos para documentación y urnas especiales si se realiza de manera conjunta con la jornada electoral de 2019 cuando se elijan gobernador, alcaldes y diputados locales.
