- Consorcios regresan más de 200
- Depredación y neolatifundismo
Carlos Fernández-Vega
En su primer año de gobierno, el entonces presidente López Obrador anunció que no se otorgarían nuevas concesiones mineras, “porque fue un exceso lo que se dio (a los consorcios autóctonos y foráneos del sector), y si lo analizamos vamos a llegar a la conclusión de que ni en mil generaciones se terminarían de explotar las 108 millones de hectáreas (equivalentes a 54 por ciento del territorio nacional) que fueron entregadas” por los gobiernos prianistas. Eso fue en agosto de 2019 y, siete años después, Claudia Sheinbaum refrendó que no se otorgarán y que, de hecho, más de 200, totalmente improductivas, regresarán al Estado mexicano.
La mandataria detalló que si bien el gobierno federal hizo la petición respectiva, los consorcios mineros que las mantenían entre sus haberes “accedieron (a regresarlas) de manera voluntaria” y, por si hubiera duda, dejó en claro que “no cambiaremos esa política; hay, ahora, colectivos que dicen que ‘vamos a entrar a un proceso extractivista y estamos entregando los recursos naturales’; nada de eso”.
Parece que finalmente alguien entendió la relevancia del mensaje que años atrás envío el dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia: “la entrega de concesiones para extraer recursos ha estado caracterizada por un fenómeno particular: la complicidad. A cambio de apoyo político y financiero, los políticos traicionan la Constitución y otorgan favorables concesiones a compañías privadas y a unos pocos individuos. Además de firmar permisos ilimitados para explotar recursos naturales, los gobernantes conceden exenciones de impuestos, autorizaciones para arrojar residuos tóxicos y forzar el desplazamiento de comunidades indígenas. Las compañías se han convertido en monopolios que trabajan para generar ganancias a cualquier costo. Mientras tanto, las cuestiones de salud y seguridad son completamente ignoradas. Todo esto sucede con el respaldo de los políticos, que continúan otorgando más concesiones a compañías abusivas”.
Efectivamente, si algo caracteriza a la minería en México es la concentración de las concesiones entregadas al capital privado (Germán Larrea, familia Bailleres, Carlos Slim, consorcios canadienses y algunos más), de la tierra (son los neolatifundistas) y de los cientos de miles de millones de dólares que anualmente genera esta actividad, sin mayor beneficio para el país.
El anuncio de la presidenta Sheinbaum es por demás necesario ante la alegre afirmación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard (titular de la institución que concede las citadas concesiones), en el sentido de que “firmamos un plan de acción con Estados Unidos, que tiene que ver con consultas mutuas, que prevé en 60 días presentar entre ambos diferentes alternativas respecto a minerales críticos”, al tiempo que dio a conocer que México “sostendrá diálogos con otras naciones para signar un plan de acción sobre minerales críticos similar al que se firmó con Estados Unidos” ( La Jornada, Braulio Carbajal). Sin embargo, la mandataria fue muy precisa: “no se ha firmado absolutamente nada”, lo que hay que subrayar, porque los insaciables piratas gringos tienen los ojos puestos en la riqueza mineral del país.
El gobierno tiene que ser muy cauteloso, porque el régimen neoliberal repartió a sus amigos depredadores concesiones mineras como si fueran caramelos, de tal suerte que más de la mitad del territorio nacional de una u otra suerte quedó en sus manos. Ante este panorama, vale refrescar la memoria: la gran minería concentra 77 por ciento de la producción nacional; la mediana, 7 por ciento, y la pequeña 16 por ciento. A mediados de 2025, 22 mil 247 concesiones se mantenían vigentes y se recuperaron cerca de 451 mil hectáreas de territorio mediante la cancelación de 344 permisos por incumplimiento en sus obligaciones. Del total vigente, 56 por ciento se concentra en cuatro estados: Sonora, Durango, Chihuahua y Zacatecas.
Para dar una idea de la catarata de concesiones mineras otorgadas por el régimen neoliberal, vale mencionar que equivale al territorio conjunto de 11 estados de la República, 3.8 veces superior al tamaño de Centroamérica, 2.8 al del estado de Texas o a la extensión conjunta de España y Francia. En esto, Felipe Calderón se lleva la medalla de oro con 36 millones de hectáreas; la de plata para Ernesto Zedillo, con 35 millones, y la de bronce a Vicente Fox, con poco más de 27 millones (Peña Nieto, 8 millones, y Salinas de Gortari, 2.2 millones).
Las rebanadas del pastel
Bofetón en la boca imperial, pero sería más fácil si Bad Bunny perfeccionara su dicción.
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