Por Israel Rodríguez
Ciudad de México. Pese a que México ha firmado tratados internacionales para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas no ha generado una ley de consulta en comunidades para el desarrollo de proyectos de infraestructura de energías renovables, aseguró Katya Puga Cornejo, directora general de impacto social y ocupación superficial de la Secretaria de Energía (Sener).
En su participación en el segundo y último día del congreso “México Wind Power 2016”, afirmó que actualmente existen 5 iniciativas de consulta dormidas en el Congreso que no logran prosperar.
“No tenemos una regulación a nivel nacional que nos permita interpretar el carácter previo de una consulta y estamos en el profundo riesgo de tomar caminos en el que el Poder Judicial se empiecen a determinar los criterios que van a perfilar cuándo es previa una consulta”.
México, agregó, es uno de los pocos países de América Latina que no ha generado ley o reglamento de consulta previa al desarrollo de proyectos con comunidades indígenas.
Perú, hoy cumple cinco años de haber empujado su ley de consulta que tomó mucho tiempo en términos de la discusión y que surgió después de graves y terribles historias de conflictividad social en las que había una preocupación muy grande por el enorme número de pérdidas humanas que se estaban dando con proyectos mineros.
Colombia, dijo, su tribunal constitucional empezó a perfilar sentencia tras sentencia una ruta procedimental de la consulta que luego de cuatro años se tradujo en la emisión de un decreto presidencial. Ecuador ha empezado ya en el sector hidrocarburos pero ya esta trabajando en una ley nacional sobre consultas.
“Hay un esfuerzo pendiente del Estado mexicano” sobre este tema de consulta.
México no ha generado una ley de consulta en comunidades”. Hasta el momento, dijo, no está a debate esa consulta.
Este es el primer reto, que es la regulación por lo que hay mucha incertidumbre . Ante los representes de los proyectos eólicos diseminados en el país destacó que falta una ley de consulta o decreto presidencial para la participación de las comunidades indígenas.
La funcionaria de la Sener, indicó que también hay una indefinición de qué entidades deberían de hacer la consulta.
Adicionalmente, existe la interrogante de cuál es la implicación en la participación de los beneficios. El reto, añadió, es la necesidad de empezar con las comunidades a definir el modelo de beneficios compartidos.
También se requiere la coordinación interinstitucional, pues después de 2 años las dependencias “no hemos podido saltar esas barreras”, reconoció.
Más adelante, indicó que se requiere la creación de capacidades para que las dependencias puedan generar diálogos interculturales. “Se requiere la creación de capacidades de los interlocutores”. Fin de nota.
